El PSPV y el Bloc se suman al plan desahucios de Fabra

Las prioridades de los Gobiernos locales no siempre coinciden con la directriz del partido. De ahí, que aunque la oposición en bloque se muestra conforme en copiar el modelo de la Junta de Andalucía para abordar el problema generado por la ejecuciones hipotecarias, en los Ayuntamientos han visto con buenos ojos la propuesta de la Generalitat.

A día de hoy, se han firmado siete convenios de adhesión al programa extraordinario de alquiler de vivienda pública para personas con riesgo de exclusión social, pero hay 64 Consistorios más que ya han confirmado que están interesados en formar parte de este programa.

De estos, 12 están gobernados por el PSPV, (Vilareal, Alcoi, Alacuàs, Quart de Poblet, en coalición con EU, Moncofa, Albal, Bocairent, Aspe, Castalla, Rojales, Ontinyent y Picassent), tres por el Bloc (Tavernes de Valldigna, Burjassot y Oliva), uno por Els Verds (Villena) y otro por Gent de l'Olleria en coalición con el PP.

En los próximos días se suscribirán ocho acuerdos más con Carcaixent, Algemesí, Chiva, Valencia, Ribarroja , Requena, Alicante y El Campello. Todos están gobernados por populares.

Puesta a punto

La colaboración con los Ayuntamientos para desarrollar este plan de vivienda es fundamental puesto que, aunque los pisos pertenecen al parque público del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), la selección de los beneficiarios se realiza con la colaboración de los servicios sociales de los Consistorios. Se entiende que son ellos los que mejor conocen la realidad de los afectados.

El Ivvsa tiene la titularidad de 1.200 pisos y destinará la mitad a este plan. El problema es que muchos de estos inmuebles no tienen las condiciones mínimas para ser habitados. En fase avanzada de rehabilitación hay 121 y antes de finalizar este año se adjudicará la puesta a punto de 151 pisos más. El resto, 189, están en fase de valoración. A día de hoy, se han entregado 139 viviendas, 44 de ellas para familias afectadas por un desahucios.

Los alquileres de estas viviendas cuestan un máximo de 200 euros mensuales, aunque este importe puede ser bonificado al 90 por ciento.

El Gobierno valenciano también ha firmado un acuerdo con Bankia, que extenderá próximamente a Caixabank, mediante el cual esta entidad cede 391 viviendas que serán destinadas a alquiler social.

Además, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, suscribirá esta semana un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y el Consejo General del Poder Judicial para conocer las personas que van a sufrir una ejecución hipotecaria y así actuar de inmediato.