La Generalitat, jueces y Ayuntamientos se ponen al servicio de los desahuciados

VALENCIA- La Generalitat no ha elegido el modelo andaluz contra los desahucios, pero tampoco quiere abandonar a su suerte a las personas que se quedan sin su vivienda por no poder hacer frente al pago de su hipoteca. Al Programa Extraordinario de Alquiler Social, el Consell añadió ayer la firma de un convenio entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permitirá que estos tres organismos colaboren con la máxima celeridad posible a resolver la situación de las personas afectadas por un lanzamiento hipotecario y así encontrar una solución antes de que se vean en la calle.

Es decir, no se trata de paralizar los desahucios, sino de hacer que su efecto sea menor, tal y como especificó el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa. «Los jueces no pueden evitar los desahucios porque la ley está para aplicarla, sí que podemos colaborar a que el impacto sea menor».

Se trata, pues, de evitar situaciones de indefensión y permitir que los servicios sociales se hagan cargo de inmediato de los afectados. Se prevén aplazamientos del desahucio un máximo de diez días o que el juez se encargue de informar de manera comprensible de los derechos que le asisten en virtud del Código de Buenas Prácticas Bancarias.

El convenio contempla diferentes supuestos, por lo que distingue entre los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual y los desahucios por falta de pago de renta.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que este acuerdo es un buen ejemplo de lo que las Administraciones y los poderes del Estado deben hacer para que los ciudadanos vean que se trabaja en dar soluciones reales, «ninguna familia se quedará sin techo». Además, destacó que el programa de alquiler social cuenta con 4.007 viviendas.

Por su parte, la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, incidió en que el acuerdo pone de relieve la necesidad de aunar esfuerzos para arbitrar mecanismos que atiendan al sector más desfavorecido de la sociedad.

En la Comunitat se produjeron durante el año pasado un total de 17.914 lanzamientos. En el conjunto de España esta cifra sumó 101.034, la mitad fueron ejecuciones hipotecarias.