La instrucción de la pieza del «pitufeo» de mil euros acabará en verano

Fuentes jurídicas afirman que se procesará a la mayoría de los cincuenta imputados

La pieza sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia, también conocida como del «pitufeo», concluirá su fase de instrucción, si todo va bien y en el mejor de los casos, hacia el verano de 2017. Teniendo en cuenta que en el mes de agosto los Juzgados toman vacaciones y funcionan «a medio gas», es posible que el auto de procedimiento abreviado se dicte en septiembre. Fuentes jurídicas consultadas dan por seguro que en dicho auto se procesará a la mayoría de los cincuenta imputados, y quizás a alguno más que se pueda derivar de las investigaciones que aún quedan por hacer.

Como bien le gusta repetir al juez que instruye la causa, Víctor Gómez, «el juez de instrucción es un juez indiciario», lo cual quiere decir que su cometido no es juzgar si se ha delinquido o no, sino simplemente, si hay indicios de ello.

Tras la revelación de una documentación de la empresa Laterne, relacionada con Alfonso Grau, en la que se recogerían presuntamente los pagos que diversos contratistas del Ayuntamiento habrían hecho de actos del PP en la campaña electoral de 2007, los indicios, explican fuentes judiciales, están claros y son suficientes, por lo que se considera muy probable que el procesamiento alcance a la de los imputados.

Cuestión distinta es que en el trascurso de la vista se pueda demostrar que hay un hilo conductor que relacione aquellos presuntos pagos de la campaña de 2007 con los actuales imputados, y más todavía, si aquellos cobros pueden implicar a la totalidad de los cincuenta.

La constatación de que los empresarios pagaron podría argumentar la «necesidad» de blanquear pero no añade un indicio más a la denuncia de cuatro testigos de que los concejales aportaban mil euros que luego les eran devueltos en dos billetes de quinientos, algo que todos los imputados niegan categóricamente.

Así las cosas, en los próximos meses el Juzgado de Instrucción número 18 tomará declaración a los titulares de las empresas que aparecen en la contabilidad de Laterne. Fuentes jurídicas indican que es probable que sean llamados como testigos ya que el delito que presuntamente podrían haber cometido sería el de cohecho que tiene un período de prescripción de cinco años.

En el Juzgado ya se cuenta con esta circunstancia y no se descarta que la condición de testigos, con la obligación inherente que conlleva de decir la verdad (algo que no rige si se declara como imputado), puede hacer que dichas declaraciones arrojen mucha luz sobre la causa, máxime cuando los empresarios no tendrían responsabilidad penal.

En cualquier caso, los tiempos previstos pueden verse alterados en gran medida por las acciones que planteen los abogados de los investigados y el número de recursos que se vayan apareciendo en las actuaciones del juez. Además, la resolución que debe dictar el TSJ sobre la misma causa pero relativa a Miquel Domínguez, también podría influir en la resolución del juez Víctor Gómez.