Los investigadores creen que las mordidas por la adjudicación del Plan Eólico ascendieron a 8,5 millones

Los investigadores de la denominada causa Erial o caso Zaplana, consideran que las “mordidas” por la adjudicación de las zonas 5 ,6 y 11 del Plan Eólico Valenciano ascendieron a 8,5 millones de euros

Los investigadores de la denominada causa Erial o caso Zaplana, consideran que las “mordidas” por la adjudicación de las zonas 5 ,6 y 11 del Plan Eólico Valenciano ascendieron a 8,5 millones de euros, que fueron expatriados con destino a dos sociedades radicadas en Luxemburgo, concretamente Imison Internacional y Fenix Investmentsts. Estas sociedades habrían recibido los fondos en diversas transferencias emitidas, según los investigadores, desde las distintas mercantiles del grupo Sedesa, propiedad de la familia Cotino.

La investigación comenzó a raíz de unos documentos incautados en un despacho de abogados de Valencia, cuando se estaba haciendo el seguimiento e investigación de Marcos Benavent, el denominado ”yonki del dinero”, a raíz de la causa Imelsa.

En dicho registro apareció lo que los investigadores han denominado “la hoja de ruta” para la adjudicación de las diversas zonas del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En el documento, lleno de tachaduras, se diseña la creación de una sociedad participada por la familia Cotino, Endesa y en la que entraría Bancaja para aportar la mayor parte de la financiación.

Dicha “hoja de ruta” se envía incluso a Juan Cotino, a la dirección de correo electrónico que éste tenía en la Dirección General de la Policía cuando era director nacional de este cuerpo.

Llama la atención que en dicho documento se refiere que hay técnicos en la propia Conselleria que están intentando beneficiar a otros grupo empresarial en dicha adjudicación. Finalmente, la empresa participada por los Cotino resultó adjudicataria de las zonas 5, 6 y 11. Una vez adjudicadas dichas zonas y mientras se están redactando los informes de urbanización y de impacto ambiental, se detectan las primeras transferencias de capital hacia Luxemburgo, en lo que se consideran que serían comisiones ilegales que habrían recibido el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por valor de unos 6,4 millones de euros, y el que fuera su jefe de gabinete, Juan Francisco García, por valor de 2.186.000 euros. En este segundo caso, García habría intentado repatriar el dinero en 2012 aprovechando la amnistía fiscal.

Además, llama la atención de los investigadores la presencia en las empresas luxemburguesas de la abogada española, Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, que en su día fue detenida por miembros de la Guardia Civil en el marco de la operación de corrupción relacionada con miembros del gobierno de Angola y la sociedad pública Defex, acusada de corrupción, cohecho, blanqueo y grupo criminal, entre otros. Según los investigadores, “el perfil delictivo de esta persona tendría que ver con la creación de entramados societarios complejos, cuyas empresas estarían domiciliadas en diferentes paraísos fiscales, al objeto de blanquear dinero procedente de ilícitos penales”.

También considera la Guardia Civil que “no puede descartarse la consumación de otros hechos en el ámbito de la sanidad y en el relativo a la gestión de las inspecciones técnicas de vehículos a empresas privadas, hechos que pudiesen revestir carácter delictivo.

La vinculación del expresidente Zaplana con el entramado societario constituido en paraísos fiscales sigue bajo investigación, y por lo tanto, configura la parte del sumario que todavía permanece bajo secreto.