Okupas “organizados y asesorados jurídicamente en cien casas del Cabanyal”

Uno de los asuntos que más enfrentaron en su día al Gobierno de Rita Barberá y a los grupos de la oposición fue la recuperación del barrio del Cabanyal. Las posturas eran tan diametralmente opuestas, que estos prometieron que la derogación de la ampliación de la Avenida de Blasco Ibáñez sería una de las primeras decisiones que tomarían cuando llegaran al poder. Dicho y hecho. El tripartito acabó con el megaproyecto popular y se propuso recuperar la zona, pero a la espera de fondos europeos, las únicas iniciativas que ha podido llevar a cabo el Gobierno de Joan Ribó han sido de poco calado o están sometidas a la lentitud de la Justicia.

«Gente con dinero»

El problema más urgente para el barrio es la seguridad, y en concreto los problemas causados por el movimiento Okupa. Al respecto, la concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, calcula en casi un centenar el número de casas ocupadas de manera ilegal.

«Resulta muy frustrante», asegura respecto a la impotencia que siente cuando los vecinos le piden que actúen en este tema y los Tribunales no actúan todo lo rápido que quisiera. «Aunque se hayan puesto ya treinta denuncias y todas estén criando polvo en los Juzgados, el vecino quiere una solución. El juez decano es el que tiene que ponerse las pilas», opina.

A la demora burocrática se añade la dificultad de echar de estas viviendas a personas «que están muy organizadas en grupos, con estudios y con padres con muchísima educación».

Estas ocupaciones se llevan a cabo por «gente con dinero». «Algunas sabemos quiénes son. Son hijos de abogados, jueces, empresarios... que están muy bien asesorados jurídicamente». Asegura que muchos de ellos proceden de barrios y urbanizaciones de clase media-alta.

Con todo, y a pesar de la lentitud de los Tribunales, la concejala de Protección Ciudadana espera que este año se produzca algún desalojo. «O hago una sentada en la puerta de Justicia».