Cuenta atrás para las últimas tiendas del Metro

Tan sólo una decena de tiendas y cafeterías sobrevive en los pasillos del suburbano madrileño. Después de sufrir meses de obras, ahora reclaman su continuidad ante el cierre inminente.

«Los últimos del Metro» es la campaña que han lanzado los comerciantes del suburbano para reclamar su continuidad

Tan sólo una decena de tiendas y cafeterías sobrevive en los pasillos del suburbano madrileño. Después de sufrir meses de obras, ahora reclaman su continuidad ante el cierre inminente.

El olor a café que despierta por las mañanas a los viajeros del Metro en Aluche viene de la cafetería de Gloria. Aquel foulard que triunfó en el cumpleaños de una compañera se lo vendió Soledad en Plaza de Castilla. Y, como cada día, las palmeras de chocolate de Marcelo, el de El Pipón, se agotan siempre a la salida de los escolares que vuelven al barrio en el suburbano. Son comercios que, bajo tierra, llevan acompañando los últimos treinta años a los usuarios de Metro de Madrid y cuya historia amenaza con terminarse este 31 de diciembre o, como mucho, el año que viene.

«Los últimos del metro», que forman la Asociación de Autónomos y Comerciantes del Metro de Madrid han comenzado una campaña para evitar la desaparición de estas tiendas que llegaron a ser un centenar pero de las que ahora apenas queda una decena, dispersas entre las estaciones de Aluche, Plaza de Castilla, Sol y Legazpi, sin contar las que están a la espera de ser reubicadas en otros locales. Un «exterminio», denuncian, que se ha visto agravado los últimos años por las obras acometidas por Metro para adecuar los establecimientos comerciales a la normativa actual de Protección Civil.

Según explica Francisco Ferrera, de la unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) y antes al frente de los comercios del suburbano, desde que firmaron el convenio con Metro para regular su situación en 2007, han sufrido una campaña de acoso por parte de la empresa pública regional para liquidar a todos los locales de todas las maneras posibles. «Se hicieron unas obras para mejorar la seguridad de los locales y, en 2016, se implantó la nueva normativa que obligó a rehacer muchas de ellas y que ha sido la que ha condenado a la mayor parte de comercios», señala, puesto que, desde entonces, se han ido cerrando establecimientos por obras que, en algunos casos, han durado varios años.

«Me ofrecieron una reubicación a un local de 15 metros donde no me cabían las máquinas, cuando tenía uno de 60, así que no tuve más remedio que ir a la indemnización para poder pagar a mis empleados», explica Nani Arriaza, que ha tenido que despedirse de su tienda de fotografía en Atocha Renfe y de otra en Pacífico.

Como Arriaza, la gran mayoría de los comerciantes no pudieron sostener el tiempo que se auguraba de cierre, ya que algunos de los que confiaron en que serían obras de corto plazo han tenido que esperar más de un año para recuperar sus locales. Es el caso de Soledad Morales y Abul, en sus establecimientos de Plaza de Castilla y Sol, respectivamente, tan sólo había que cambiar el cierre. «Una reforma que iba a durar quince días, y tardó en terminarse un año más después de ese plazo», asegura Soledad que, además, ya había sido reubicada a la primera planta de su estación al incumplir la normativa el pasillo donde estaba.

Ante esta previsión de plazos, otros comercios como el Pis Pas de Jesús García optó por la resistencia numantina en Aluche y exigió las fechas concretas de inicio y fin de obra a Metro de Madrid. «Nunca me dieron respuesta y resolvieron el contrato porque mi local no se adecuaba a la normativa que ellos tenían que solventar», cuenta, y añade que el asunto está en manos de los tribunales. Otros, como Javier, que cerró el Café de la Estación que había en Herrera Oria y cuenta los días, preocupado, para cerrar el de Aluche en espera de que le den una reubicación. «Aún no se ha licitado el contrato de obras», lamenta.

Asimismo, «los últimos del metro» denuncian que frente al poco respaldo a las pymes que forman la Asociación de Autónomos y Comerciantes del Metro de Madrid, el Gobierno regional está favoreciendo los stands comerciales que ofrecen casi los mismos servicios sin tener que ajustarse a las mismas exigencias de seguridad. «Pedimos la renovación de los contratos y la vuelta de quienes se han tenido que ir; más seguridad jurídica para que, si hay obras, no esperar tres años a que terminen; que nos dejen gestionar el entorno comercial y que nos garanticen las condiciones de seguridad y salubridad», resume Ferrera.

En respuesta a sus reivindicaciones, Metro de Madrid ha indemnizado durante el tiempo de la obra a los afectados con 1,5 veces el canon que pagan, así como indemnizaciones de 40.000 euros por extinción del contrato tal y como recoge el convenio de la asociación. Además, a quienes han afectado las reformas, se les ha prorrogado el contrato por el tiempo que han estado cerrados, de modo que algunos comerciantes se mantendrán abiertos hasta finales de 2019.

Sin embargo, el consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, explica que «no se puede ir más allá legalmente». «Tienen un contrato que se acaba el 31 de diciembre de 2018 y sólo se puede extender por el tiempo que han estado cerrados pero después deben salir a concurso obligatoriamente», detalla, y añade que espera que se presenten a él todos los comerciantes de la asociación porque lo que interesa a Metro es que dichos locales los ocupen pequeños comerciantes de barrio para dar servicio a los viajeros. El problema, señaló Carabante, es que «no se puede licitar un nuevo concurso mientras estén los establecimientos ocupados», entre otras cosas porque quienes se presenten tienen que ver sus condiciones originales y, además, porque antes de sacarlos se deben realizar las obras necesarias para adecuarlos a la normativa.

«Saben desde hace mucho tiempo que el 31 de diciembre era el final del contrato y eso no se puede cambiar jurídicamente», asegura el consejero delegado de Metro, que insiste en que no se pueden licitar el concurso para que opten de nuevo a gestionar los locales del suburbano si amenazas con judicializar su salida. «Iremos a los tribunales como hemos hecho con los impagos», advierte.