Carmena indulta los vestigios (hasta abril)

Propone elaborar un marco normativo para aplicar la Ley de la Memoria Histórica tras la «chapuza» con la placa de las Carmelitas. Paralizará la retirada de elementos de la Guerra Civil y analizará caso por caso.

Dicho y hecho. El Gobierno de Ahora Madrid se propuso nada más llegar al Gobierno de la ciudad dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y, a partir de diciembre, comenzó con su particular purga en el callejero madrileño. La semana pasada el Ejecutivo de Manuela Carmena dio un paso más. Placas, lápidas, monumentos... todos los elementos recogidos en la «lista negra» que la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense (a la que ha encargado elaborar todos los elementos a desaparecer de las calles de la capital con un contrato por el que abonará 17.999 euros –sólo un euro menos de lo que podría considerarse un contrato mayor, por lo que ha evitado los controles municipales–) se convirtieron en objetivos prioritarios de los técnicos municipales. Los primeros en «caer» fueron el monolito al Alférez Provisional y la lápida a los ocho carmelitas que ayer, tras cuatro días en el depósito municipal, ya había vuelto a su lugar después admitir el Ayuntamiento su «error».

Una confusión, la de la placa instalada en la puerta del cementerio sacramental de Carabanchel que, por fin, llevó ayer al Ejecutivo de Ahora Madrid a plantearse la necesidad de elaborar un marco normativo para decidir cuáles de los vestigios indicados por la Complutense no deben moverse del lugar que llevan ocupando, en algunos casos, 80 años. Ahora se ha percatado el Ayuntamiento de que algunos de los monumentos señalados por la Complutense están protegidos por patrimonio o, directamente, no forman parte de los bienes del consistorio de forma que no los pueden retirar de la vía pública sin antes pedir el correspondiente permiso a sus dueños (como sería el caso del monumento a los Mártires de la Sacramental de San Isidro, que pertenece a la Iglesia).

Así pues, queda paralizada (hasta abril) la retirada de más vestigios guerracivilistas de las calles de Madrid. Es el plazo que, según quedó aprobado en un Pleno municipal el pasado 22 de diciembre, tardará Carmena en aprobar un nuevo marco normativo –al que se dará luz verde junto al plan integral de Memoria de Madrid del siglo XX, que también elabora la Complutense– en el que quedarán recogidos los «criterios y procedimientos» que cubran los «vacíos» existentes en su desarrollo, informó ayer por la tarde el área de Cultura.

«Con las primeras actuaciones se han detectado estos vacíos normativos y procedimentales», reconoce el consistorio, que ahora –cuando dos piezas han salido ya de su lugar– ha puesto a trabajar en esto a su equipo jurídico. A partir de abril se han propuesto que cada vestigio sea analizado «uno por uno» ateniéndose, ahora sí a los informes necesarios antes de proceder a ordenar su retirada de la vía pública.

No tendrán tanta suerte en esta especie de «indulto» las calles que, según el Ayuntamiento, ha incluido en su «listado-purga». Porque el nuevo marco normativo no afectará a la denominación de las mismas, regulada ya por una ordenanza que obliga a que las peticiones de cambio de denominación se aprueben en cada junta de distrito, elevándose posteriormente a Pleno y a la Junta de Gobierno si se trata, por ejemplo, del nombre de una plaza o un parque.

Y mientras el Ejecutivo de Ahora Madrid da un paso adelante y otro atrás, el Grupo Popular en el Ayuntamiento decidió ayer por la mañana también recular y considerar la rectificación de los de Carmena sobre la placa del cementerio de Carabanchel. Finalmente no presentaron la denuncia prevista contra la alcaldesa en la que pedían su inhabilitación por prevaricación en la ejecución de la Ley de la Memoria Histórica. Eso sí, solicitaron que la responsable de este «error», la edil de Cultura, Celia Mayer, fuera destituida por quitar símbolos franquistas sin consenso. Los populares pidieron la comparecencia de la concejal de Carmena en la comisión extraodinaria del ramo que se celebrará el próximo día 12. También solicitarán el Ejecutivo de la capital los «acuerdos, expedientes y contratos justificativos de la retirada, coste económico y lugar de depósito» de varios vestigios. No fueron los únicos que han denunciado el proceder del Gobierno de Carmena en este asunto. Purificación Causapié, portavoz de los socialistas, se quejó ayer de que los de Ahora Madrid estén haciendo «una chapuza» en su aplicación de la lLey. En el mismo sentido se pronunció Ciudadanos: Begoña Villacís anunció que su grupo denunciará en los tribunales la retirada de los vestigios que, hasta primavera, se quedan donde están.