El Beti-Jai pisa el acelerador

El centenario frontón Beti-Jai está un paso más cerca de recuperar su esplendor. Mientras continúa el proceso de expropiación iniciado en 2010, el Ayuntamiento de la capital va a proceder a asignar la parte proporcional del justiprecio que permitirá realizar el acta de pago y ocupación y, por lo tanto, pasar a ser propiedad del consistorio, que podrá entonces rehabilitarlo de forma integral. Así lo explicaron los técnicos el pasado martes en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico, que se dedicó en exclusiva a estudiar la situación del centenario inmueble declarado Bien de Interés Cultural en 2011.

Hace seis años, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan de obras de mantenimiento del frontón debido a su estado ruinoso. Sin embargo, los propietarios iniciaron las obras y las clausuraron al poco tiempo, lo que obligó al Servicio de Conservación y Edificación Deficiente del Ayuntamiento a dictar una orden de ejecución sustitutoria para que fuese el consistorio quien se ocupase de los trabajos. La respuesta de los propietarios fue el cierre de la instalación e, incluso, impidieron el paso a los técnicos municipales. En respuesta, el consistorio madrileño solicitó un auto judicial, pero antes de que éste se hiciese efectivo, en febrero de 2010, los propietarios decidieron solicitar al Ayuntamiento la expropiación del Beti-Jai.

Una vez se estableció un precio, los propietarios reclamaron el mismo en los tribunales, que, sin embargo, lo consideraron adecuado en una sentencia que, su vez, ha sido recurrida. Según la Plataforma «Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid», que han impulsado las iniciativas para su rehabilitación, el precio ofertado por el consistorio es cuatro veces mayor que los 385 millones de pesetas (2,3 millones de euros) que le costó a Tarcosul Gestión S. L. en 1998. Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid está a la espera de la resolución de dicho recurso sobre la expropiación. Por este motivo y ante el creciente deterioro del inmueble, una de cuyas cubiertas se hundió hace unos meses, el consistorio ha optado por acelerar la transmisión de la propiedad abonando la cantidad suficiente de justiprecio que le permita cumplimentar el acta de pago y su ocupación mientras se resuelve el recurso judicial.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid tramitó la declaración de Bien de Interés Cultural, que tuvo lugar en enero de 2011. De este modo, se aseguraba la rehabilitación del inmueble y su adecuación para que se pueda dotar de usos que sean compatibles con el mejor grado de conservación posible. Además, el Consejo Regional de Patrimonio Histórico ha pedido al Ayuntamiento que redacte el proyecto de rehabilitación del inmueble cuanto antes y ha solicitado la correspondiente información sobre las obras de conservación que se han realizado en la cubierta del edificio.