Pactos electorales

El pacto de C’s, más exigente en Madrid que en Andalucía

Aguado dice que los registros de Púnica «complican» el acuerdo con PP, sin embargo la alianza con Díaz permite a Chaves y Griñán

Cristina Cifuentes saluda a Ignacio Aguado
Cristina Cifuentes saluda a Ignacio Aguadolarazon

El acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos en torno a la composición de la Mesa de la Asamblea puede servir de prólogo para que, en los próximos días, el pacto se amplíe a la investidura de Cifuentes. Ambas formaciones insisten en que este primer paso ha sido meramente «técnico», aunque en el PP la satisfacción es total. Ello no oculta, sin embargo, que los populares perciban que Ciudadanos se está mostrando en este proceso negociador mucho más inflexible y duro en Madrid que en otros escenarios postelectorales similares como, por ejemplo, en Andalucía. Un ejemplo de ello se volvió a vivir ayer. Tras conocerse que la Guardia Civil se había personado en algunos ayuntamientos de la región gobernados por el PP para solicitar información y documentos, en el marco de la investigación de la «Púnica», el líder de Ciudadanos subrayó que estas noticias «complican» el acuerdo con Cifuentes. Ignacio Aguado aseguró que «no podemos estar cada mañana o cada semana levantándonos con noticias de registros en ayuntamientos. Es insostenible. Habrá que ver en qué quedan estos registros, ya que si se produjera alguna imputación bloquearíamos cualquier tipo de negociación con el PP». Las declaraciones causaron sorpresa en el PP al llegar sólo un día después de que decenas de funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía fueran detenidos por su implicación en la estafa de los cursos de formación, lo que, sin embargo, no ha sido un obstáculo ni ha bloqueado el acuerdo cerrado ayer entre los de Albert Rivera y los socialistas de Susana Díaz para la investidura de esta última.

Un doble rasero que contrasta con la rapidez con la que la semana pasada el PP hizo un guiño a Ciudadanos en materia de regerenación. Los consejeros Salvador Victoria y Lucía Figar dimitieron tras conocerse que deberán declarar como imputados y aseguraban, nada más renunciar, que lo hacían para no impedir un acuerdo de investidura de Cifuentes. En Andalucía, sin embargo, las dimisiones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán –que fueron situadas en el comienzo de las negociaciones como un paso imprescindible para cualquier acuerdo por C’s– no han llegado a producirse, ya que, de momento, los dos ex presidentes se han limitado a reconocer que no repetirán en sus escaños de diputado y senador.

Valdemoro, el epicentro

Los registros realizados ayer en consistorios de la región a los que se refería Aguado parecen confirmar que el municipio de Valdemoro, cortijo del ex consejero madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza (ambos en prisión provisional desde octubre), es el epicentro de la «trama Púnica». Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedieron la mañana de ayer a registrar por segunda vez el consistorio valdemoreño por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. También entraron con la misma orden judicial al de Moraleja de Enmedio. Además, los agentes han requerido información y documentos en los ayuntamientos de Madrid, Collado Villalba, Majadahonda, Alcobendas y Coslada. La Guardia Civil buscaba contratos concretos que los consistorios dieron a empresas relacionadas con la trama de corrupción municipal y autonómica, que adjudicó contratos públicos por valor de 250 millones de euros. Pero además de las entradas en consistorios, la UCO registró el edificio Éboli de Pinto, que ya fue registrado en la primera fase de la operación. Aquí se encuentra las sedes de decenas de empresas de Marjaliza (tiene más de 150 sociedades), uno de los supuestos cabecillas de la trama, que tendrá que declarar el próximo día 18 ante el juez Velasco para aclarar presuntas operaciones de lavado de dinero en Singapur y de venta de obras de arte en Suiza para blanquear dinero. La mayor parte de la instrucción del «caso Púnica» sigue bajo secreto de sumario, ya que aún se están analizando los 43 «terabytes» de información que se confiscaron en los registros de octubre. Velasco tomará declaración el jueves que viene al alcalde de Sevilla la Nueva, Mario Utrilla, y al empresario Alejandro de Pedro.