La broma de los 900 euros en gorras

El Ayuntamiento de Parla compró en 2009 tres gorras para su nuevo subinspector de la Policía Local, nombrado de forma irregular, por 874,63 euros.

Cada negocio puede cobrar precios distintos por un mismo producto, pero cuando se va a adquirir un artículo que ya se había comprado con anterioridad y en un nuevo establecimiento te piden casi 200 euros más, lo lógico es que se vuelva al primer lugar. Sobre todo cuando no se paga con el bolsillo de un particular sino con dinero público, financiado por los vecinos de una de las localidades más endeudadas de España. Hablamos de Parla y de una de las múltiples gestiones difíciles de comprender realizada por su anterior alcalde, José María Fraile. En esta ocasión el dislate se produjo a cuenta de unas gorras para el uniforme del nuevo jefe de la Policía Local. Un subinspector nombrado –para enredar aún más el asunto– de forma irregular, así como también lo fue la destitución de su predecesor.

Sólo dos meses después de apartar del cargo al primero, el Ayuntamiento de Parla asumió el gasto del que hablamos y encargó, para su nuevo jefe policial, tres gorras de plato con bordados dorados. Nada menos que casi 300 euros por visera; es decir, una factura de 874,63 euros.

Sin embargo, otras empresas –cuyas facturas fueron asumidas por el Consistorio el año pasado– cobraban 82 euros por gorra. Aun así, Fraile solicitó el complemento de uniformidad policial a la empresa Drager Safety Hispania, S. A., que el 16 de diciembre de 2009 emitió esta factura que rozaba los 900 euros. Sin embargo, por causas que se desconocen, no la pasó al Ayuntamiento (la única forma, en teoría, de cobrarlas) hasta abril de 2012. Según algunos funcionarios municipales, en al época de Fraile no era raro que «algunos documentos se entregaran directamente al técnico o al concejal en cuestión, sin pasar pro el Registro General de Entrada, como marca la Ley, al tratarse de una administración pública. El problema es que la factura podía acabar perdiéndose».

La factura de los casi 900 euros por las gorras policiales vio la luz precisamente a cuenta de los problemas con el pago a proveedores que tenía el Ayuntamiento. Con la llegada del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores DDL 4/12 de 24 de febrero, promovido por el Ministerio de Hacienda, el Consistorio sacó todas las facturas pendientes de pago para que cada empresa entrara en la página de la Agencia Tributaria y las aceptase. Sin embargo, Drager no pudo hacerlo porque su factura no se encontraba en la página.

Entonces, presentó una solicitud de modelo oficial para acogerse al plan (con fecha de entrada 27 de marzo de 2012, es decir, casi dos años y medio después de que se realizase la compra). Una vez recibida, el departamento de Intervención municipal comprobó si podía acogerse a la ayuda impulsada por el Ministerio de Hacienda, pero la petición se denegó (el 10 de abril de 2012) porque no constaba en el sistema de información contable. 14 días después de esta notificaión desfavorable por parte del Ayuntamiento, al fin Drager presentó su factura. «Sólo» tres años después de la compra de las gorras. Pero era demasiado tarde. El departamento de Intervención dio traslado de la misma al técnico responsable, que dio su visto bueno, así como el concejal de Seguridad, todavía del equipo de Fraile.

La factura ya aprobada fue devuelta a Intervención para proceder al reconocimiento de la obligación, pero al estar en el ejercicio 2012 y ser la factura de 2009, no se podían reconocer obligaciones fuera del ejercicio presupuestario, con lo que la factura pasó a una especie de «limbo jurídico» y se archivó en Operación Pendiente de Aplicar al Presupuesto (OPA) en junio de 2012.

A día de hoy, la factura sigue en OPA y, «oficialmente», sigue sin pagar y sin que la empresa haya vuelto a reclamar nada. Parece extraño que en los últimos tres años no hayan pretendido cobrar al menos parte de los casi 900 euros que, en teoría y si no se cobró en «B», el Ayuntamiento de Parla adeuda a esta empresa.

Las gorras de la discordia, además, fueron compradas para un nuevo jefe policial que, según la Justicia, fue nombrado de forma irregular. Sin embargo, el anterior alcalde, José María Fraile, no acató ni esa ni otras sentencias encaminadas a anular ese decreto y a restituir en su puesto al predecesor. Sí lo hizo a los 15 días de jurar cargo el nuevo alcalde del PP. Luis Martínez Hervás manifestó ese día que «los servidores de la Administración pública deben garantizar que se cumpla la legalidad vigente y trabajar para los ciudadanos», y que no deben «estar centrados en desavenencias o desacuerdos con distintos funcionarios de la Administración pública».