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La Comunidad baja el IRPF al 9% y amplía las rebajas para sucesiones

El tipo baja medio punto y será el mínimo nacional. Bonificará el 15% de las herencias y donaciones entre hermanos y un 10% entre tíos y sobrinos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pronuncia el discurso "Gestión de la divesidad: un reto para las empresas", con el que ha inaugurado hoy el Forbes Summit Diversity 2018
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pronuncia el discurso "Gestión de la divesidad: un reto para las empresas", con el que ha inaugurado hoy el Forbes Summit Diversity 2018larazon

El tipo baja medio punto y será el mínimo nacional. Bonificará el 15% de las herencias y donaciones entre hermanos y un 10% entre tíos y sobrinos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó ayer el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, un plan que incluye una bajada de medio punto del tipo mínimo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los contribuyentes, pero que tendrá un impacto especial en las familias que tienen menos recursos. La cifra se situará en 2019 en el nueve por ciento y continuará siendo la más baja de toda la nación. Especialmente significativo será el descenso en el primer tramo, del 5,3 por ciento. Además, Cifuentes anunció que a partir del momento en que la norma cuente con el visto bueno de la Asamblea –previsiblemente saldrá adelante con los votos de Ciudadanos– los madrileños podrán disfrutar de una bonificación del quince por ciento en sucesiones y donaciones entre hermanos y del diez por ciento entre tíos y primos, una medida pionera en España.

«Esto es un refuerzo de la competitividad económica y supone un avance en equidad social. Madrid lidera el crecimiento», indicó la presidenta, que estima que la nueva ley beneficiará a los tres millones de contribuyentes de la comunidad, y calcula que supondrá un ahorro para los madrileños que superará los 125 millones de euros. Ante las críticas de los grupos de la oposición, que tacharon la medida de «electoralista», Cifuentes recordó que este plan estaba contemplado en el programa electoral del Partido Popular: «Quedan catorce meses para las elecciones, nosotros gobernamos desde el primer y hasta el último día». Aunque el Ejecutivo regional había anunciado que esperaría a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para decidir la próxima bajada del IRPF en su tramo autonómico, Cifuentes aseguró que el bloqueo de las cuentas estatales no les ha hecho «renunciar» a cumplir sus promesas.

Entre la partida de medidas que presentó Cifuentes junto a la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, despuntan también las deducciones en la renta de las familias por acogimiento de mayores de 65 años o de personas que tengan algún tipo de discapacidad física igual o menor al 33% –pasan de 900 a 1.500 euros para rentas con un límite de 25.620 euros de tributación individual y de 36.200 euros si es conjunta–, y por los gastos de escolarización de descendientes entre cero y tres años –aumenta hasta un quince por ciento con un máximo de mil euros anuales por hijo–. En cuanto a la economía social y la iniciativa empresarial, a partir de 2019 desgravarán las aportaciones al capital de las Empresas de la Economía social –50 por ciento con un máximo de 12.000 euros anuales–, los donativos a fundaciones que se encuentren en el registro de la Comunidad de Madrid– el quince por ciento– y la inversión en la adquisición de acciones y participaciones de entidades de nueva creación –30 por ciento con un importe máximo de 6.000 euros– y también de universidades y centros de investigación –50 por ciento con una deducción máxima de hasta 12.000 euros anuales–.

Asimismo, la Comunidad también aumentará las bonificaciones en las transmisiones patrimoniales y en los actos jurídicos documentados. La cuota por adquisición de viviendas habituales se rebajará un diez por ciento en el caso de que la operación no supere los 250.000 euros. Esta rebaja también se aplicará a la cuota por la formalización de documentos públicos relacionados con la adquisición del domicilio, llegando a ser de un 95 por ciento en el caso de las familias numerosas. Además, la compraventa entre particulares de bienes de menos de 500 euros de valor real quedará exenta de impuestos, con excepción de la compra de vehículos. Tanto estas rebajas en las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, como la bajada en el impuesto de sucesiones y donaciones, se empezarán a aplicar en cuanto cuenten con el visto bueno de la Asamblea de Madrid. «Esperamos llevar el anteproyecto de ley a pleno antes de que acabe el periodo actual de sesiones. Se trata de una tramitación compleja que debe cumplir con los requisitos de la ley de transparencia y aportar informes sobre el impacto de género, entre otras cosas», destacó Cristina Cifuentes.

Por otra parte, la bajada del IRPF no entraría en vigor hasta 2019, tan solo unos meses antes de los comicios municipales y autonómicos. Aunque el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea tachó ayer la medida de «electoralista» y afeó al Partido Popular haber votado en contra de la rebaja del IRPF cuando se debatió en el pleno a propuesta de la formación naranja, la presidenta regional confía en que estas nuevas medidas fiscales salgan adelante con el apoyo de su socio de gobierno: «No hemos negociado la ley con Ciudadanos porque no entra dentro de nuestro acuerdo de investidura. Con ellos solo pactamos no subir el tramo cedido del IRPF y la no creación de nuevos impuestos».

Este paquete de deducciones en el impuesto sobre la renta se une a las dos rebajas contempladas en la Ley de Presupuestos del presente ejercicio. La primera es la disminución de 600 euros al año por niños nacidos o adoptados, llegando a doblarse el primer año en el caso de tratarse de partos o adopciones múltiples e internacionales. La otra es la deducción en la renta por el alquiler de la vivienda habitual, siendo de un 30 por ciento para los menores de 30 años con tasas de un máximo de mil euros. La edad tope se eleva a los 40 años en el caso de personas en situación de desempleo que tengan cargas familiares.