Madrid cuenta con 12 instalaciones con riesgo por sustancias químicas

Madrid cuenta con doce instalaciones con riesgo por sustancias químicas. Mientras que Cataluña alberga 101, Andalucía 78, Comunidad Valenciana 41, País Vasco 28, Canarias 25, Castilla La Mancha 23, Extremadura 21, Murcia 20, Principado de Asturias 15, Galicia 14, Castilla y León 13, Comunidad de Madrid 12, Aragón 11, Cantabria 8, Islas Baleares 6, la ciudad autónoma de Ceuta 3 y Navarra 2.

En total son 421 las instalaciones de riesgo con las que cuenta España y 900 fábricas donde interviene algún tipo de sustancia de riesgo químico, aunque el resto no mencionadas presenta un riesgo menor.

Es preciso señalar que solo en las tres primeras comunidades (Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) suman 220 instalaciones con riesgo. Aunque es Cataluña la comunidad que está más expuesta a sufrir riesgos de este tipo. De hecho, se ha producido un accidente debido a un accidente en la planta de IQOXE (Industrias Químicas de Óxido de Etileno) en Tarragona que acabado con la vida de tres personas aparte de los daños materiales. Esta provincia junto con Huelva son las que más peligro tienen porque aunque se ha reducido el número de instalaciones, se emplean diversas sustancias como explosivos, minerales o ácidos para la fabricación de productos necesarios para la población como son los fármacos. Sin embargo, se deben someter a procesos industriales que pueden resultar perjudiciales.

Para evitar accidentes y daños se deben de cumplir con una serie de normas de control de la directiva europea Seveso, denominada así por el peor suceso de esta índole que tuvo lugar el 10 de julio de 1976 en Milán (Italia).

La normativa española (2015) indica que esta competencia es responsabilidad autonómica, aunque lo coordina la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. El órgano regula los casi 900 establecimientos afectados por esta normativa hasta enero de 2020. En ella se determinan tanto las medidas que deben tomar las fábricas como las que deben adoptar las administraciones públicas para que el trabajo pueda ser realizado de manera segura.

Asimismo, las empresas deberán establecer un plan de prevención en caso de que ocurriese algún incidente industrial. Es obligatorio la ejecución de estos programas, que además, deberán ser revisados como mínimo cada cinco años. El primero, según los planes de protección, debe ser el de “vallas hacia dentro”.

El desencadenante de que se comience a implantar estas medidas ha sido el ya citado accidente que tuvo lugar en Tarragona el pasado 14 de enero. Por otra parte, se deberá informar detalladamente del suceso a la Unión Europea la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior español para que se pueda someter a análisis, se elabore un informe y se integre en una base de datos europea las posibles acciones a realizar de cara al futuro para que se prevengan este tipo de situaciones.