Un sindicato denuncia «presunta malversación» en la RTV madrileña

El Sindicato Independiente de Radio Televisión Madrid ha remitido un burofax al director general del ente madrileño, José Pablo López Sánchez, para requerirle «nuevamente» la «actualización de la representación sindical de todos los actores con implantación en el ámbito» de este medio de comunicación.

El motivo es que el Sindicato Independiente ha presentado un nuevo preaviso de elecciones «cuya finalidad es renovar y adecuar a la realidad la representatividad que cada uno de los sindicatos tiene en la empresa». Tal y como publicó el pasado septiembre LA RAZÓN, la radiotelevisión madrileña lleva sin celebrar elecciones sindicales desde noviembre de 2011, hace más de ocho años. Así, el Sindicato Independiente denuncia el hecho de que tendrían que haber celebrado nuevos comicios en 2015 y en 2019. Así, aseguraron que el sindicato mayoritario, CC OO, tiene «bloqueado» el comité de empresa desde entonces.

«Entiendo que es consciente de que todos los mandatos de los miembros de la representación legal de los trabajadores han superado la vigencia de su mandato de más de cuatro años», prosigue la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, y firmada por el abogado del sindicato. «Le requiero para que ayude a este sindicato a dar cumplimiento a lo que la legislación vigente ordena en cuanto a la renovación de los mismos», añade. Y es que, en su opinión, el «mantenimiento de esta situación» supone «no solo un ejercicio ilegítimo», sino un «menoscabo patrimonial de la empresa».

«Usted es partícipe de una presunta malversación de recursos públicos, al habilitar horas retribuidas, pero no trabajadas (...) de unos supuestos representantes que no tienen derecho a ello. Su inacción podría constituir una malversación pasiva», añaden.

Así, el Sindicato Independiente comunicará a los Organismos de Control del Público esta situación «para que lo supervisen y, de ser así, deriven responsabilidades personales a quienes hayan participado de la presente e irregular situación». Además, estudiarán si la situación denunciada «pudiera suponer una infracción penal».

El sindicato asegura que esta es la «única vía que nos dejan habilitada ante la permisividad» de una situación «ilegítima».