Madrid: los tribunales dan la razón a un vecino que denunció 39 pisos turísticos en su edificio

El Ayuntamiento de Madrid deberá proceder “de inmediato” a la incoación de expediente de disciplina urbanística sobre unas viviendas turísticas, concretamente las que se encuentran en un edificio de la calle Príncipe. Así lo ha resuelto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio tras una resolución en la que se le obligaba a actuar, expedientar y sancionar a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) denunciadas por cambio de uso residencial a turístico sin licencia. Se trata de la denuncia interpuesta por un vecino que vive en el citado edificio y que en 2018 denunció que 39 de estas viviendas funcionaban como pisos turísticos sin la preceptiva licencia municipal.

Fuentes municipales señalan a LA RAZÓN que esta sentencia hace referencia a una actuación del equipo de Gobierno anterior. Y es que en la actualidad existe un expediente de disciplina urbanística incoado por este caso en relación al edificio al que se refiere la sentencia. De hecho, explican que ya no se ejerce esta actividad en la calle Príncipe ya que el actual equipo de Gobierno obligó al dueño a destinar los inmuebles al alquiler de larga estancia.

La Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras, junto con la de la Corrala Latina-Rastro-Lavapiés y el vecino denunciante, Luis García, se felicitaron esta mañana por la sentencia, a la que conceden una “importancia extraordinaria”. No en vano, la decisión del TSJM puede sentar jurisprudencia sobre el conjunto de los pisos turísticos de Centro, que según sus cálculos ascienden a unos 10.000.

“La sentencia dice que el Ayuntamiento tiene la obligación de iniciar un expediente de disciplina urbanística y sancionador ya, además de aplicar el precinto (a las viviendas), aunque eso ya llega tarde porque el precinto ya no existe”, ha explicado el asesor jurídico de la asociación vecinal, Alfredo Carda. “Ahora mismo no sabemos cuántas hay, pero en el momento álgido estábamos entre las 15.000 y las 20.000”, ha añadido. Carda ha recordado que esta “infracción urbanística grave” está sancionada con entre 30.000 y 600.000 euros.

Mientras, la Asociación Vecinal de Sol, que ha interpuesto unas 2.000 reclamaciones, afirma que con esta resolución “queda clara” la obligación de Ayuntamiento atender las denuncias administrativas presentadas por los vecinos, realizar las tareas de inspección, incoar los expedientes relativos a la disciplina urbanística y obligar el cese de las empresas urbanísticas que operan ilegalmente sobre pisos residenciales, informa Ep.

Más inspecciones que en la era Carmena

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha afirmado esta mañana que el Ayuntamiento está estudiando la sentencia. “En vez de hacer una normativa ilegal como la del anterior Consistorio, que chocaba con las leyes autonómicas y cuya aplicación era inviable, lo que estamos haciendo es lanzar campañas de inspección. Ha realizado más inspecciones este Gobierno que el anterior”, ha asegurado. “Todos los modelos de negocio caben siempre y cuando se cumpla la norma, pero no nos valen cuando se atenta contra la convivencia vecinal o cuando es economía sumergida. Proponemos formulas mucho más adecuadas, en las que haya intermediación y buena relación con las comunidades de vecinos”, ha concluido.