Educación

La escuela concertada respira en Madrid

Cree que la medida de Díaz Ayuso de ampliar hasta 2027 los conciertos «da un horizonte de mayor estabilidad», aunque no cree que sea un blindaje

Protesta de la Plataforma Más Plurales contra la nueva Ley de Educación
Protesta de la Plataforma Más Plurales contra la nueva Ley de Educación FOTO: Jesús Formigo/Ical

En la batalla que se libra en el ámbito educativo por la controvertida Ley Celaá, Madrid es la primera comunidad autónoma que se ha lanzado a desafilar la Ley educativa que se aprobará definitivamente en el Senado de manera inminente: el próximo día 23. Díaz Ayuso abandera ya la contrarreforma educativa y abre el camino en la estrategia que seguirán todas las comunidades en las que el PP gobierna y que tiene un denominador común: sortear la ley dentro de los márgenes legales que les permiten sus competencias autonómicas en materia educativa.

Madrid tiene previsto iniciar la tramitación de un decreto, que se aprobará hoy en el Consejo de Gobierno, que permitirá ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos, con el que pretende marcar una línea de apoyo a la concertada y a la libertad de elección de centros frente a la ley Celaá, que considera a la educación pública eje vertebrador del sistema. La ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez también elimina la posibilidad de que se creen plazas concertadas, aunque haya demanda de los padres, saca a la educación diferenciada de la posibilidad de recibir conciertos y tampoco permite la cesión de terrenos públicos para levantar colegios subvencionados.

De este modo, los conciertos no vencerán dentro de dos años en Madrid, justo en pleno proceso electoral, sino dentro de seis, con lo que trataría así de «blindar» el modelo educativo para la próxima legislatura, sea o no el PP el que esté en el Gobierno, aunque no está claro que esto, jurídicamente, pueda ser así.

Con la medida «se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando su duración. La etapa obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía», dijo ayer la presidenta madrileña.

La escuela concertada, por su parte, cree que el anuncio hecho por Díaz Ayuso «es una buena noticia porque da un horizonte de mayor claridad y estabilidad dentro del marco competencial de la Comunidad», asegura José Antonio Poveda, responsable de Escuelas Católicas de Madrid. «Es un gesto que apunta a una dirección de promover la libertad de enseñanza y dar mayor tranquilidad pero no supone un blindaje de los conciertos en el estricto sentido de la palabra». Y es que, según Poveda, en otras comunidades autónomas, gobiernos autonómicos como el de Valencia, Aragón o La Rioja han modificado los conciertos o los han retirado dentro del período de vigencia, sin esperar a su renovación después de que la Administración entrara a valorar o interpretar si se estaba satisfaciendo o no las necesidades de escolarización o de que se hayan aplicado política restrictivas conforme a nuevos parámetros de valoración.

Por otra parte, Poveda asegura que cada año, «de manera natural» se suprimen aulas concertadas si no hay suficientes alumnos para mantenerlas abiertas porque «así son las reglas del juego». Por eso «el tiempo de duración de los conciertos es lo que menos importa».

Las otras medidas

No es la primera medida que adopta la Comunidad de Madrid contra la controvertida ley educativa. Desde que empezó a tramitarse en el Congreso la Ley Celaá, Ayuso ha adoptado medidas que tratan de paliar los «efectos adversos» de esta norma y sortear su aplicación con los resquicios legales que deja. De momento, ya ha anunciado que la llevará a los tribunales y «a todas las instancias que sean necesarias» porque considera que la reforma educativa «nace muerta» por falta de consenso. También prevé elaborar una norma que blinde la enseñanza concertada y la especial y se ha apresurado a aprobar las normas por las que se regirá el proceso de admisión del próximo curso antes de que entre en vigor la ley.

En la Comunidad de Madrid, se trata de un modelo muy demandado. De hecho, el 29% de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, casi uno de cada tres, frente a la media de España, donde estudian en este tipo de centros uno de cada cuatro alumnos. Así, en la comunidad madrileña acuden a este tipo de colegios cerca de 370.000 alumnos.