El PSOE apela al argumentario a favor de la calle de la División Azul

Nuevo capítulo en la batalla legal que envuelve al callejero de Madrid. En su defensa de las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto, el PSOE utiliza los mismos argumentos que han servido para mantener la calle de la División Azul en la capital: la falta de motivación de la resolución impugnada en relación con el encaje en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

En junio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio vía libre al Ayuntamiento para retirar las calles dedicadas a ambos dirigentes socialistas. La iniciativa de Vox apoyada por PP y Ciudadanos en aplicación de la Ley de Memoria Histórica adoptada el 29 de septiembre de 2020 se paralizó el 15 de enero del año pasado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, pero los recursos de apelación interpuestos por el Consistorio de Madrid y por la representación procesal de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces fueron estimados por el TSJM.

Aunque la decisión es firme y puede ser ya ejecutada, resta por dirimir la fase de conclusiones sobre el fondo del asunto, en virtud de la que el PSOE acaba de presentar un escrito en el que cita a su favor la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 que condena expresamente el comunismo y todas sus formas, a pesar de que en el proyecto de Ley de Memoria Democrática promovido por el propio PSOE no existe mención alguna a dicha resolución, lo que según fuentes de la asociación Raíces se explica por su «colaboracionismo con el comunismo de la URSS» [durante la Guerra Civil].

En su escrito al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid, el PSOE se basa en idéntico razonamiento al que ha servido para conservar la calle de la División Azul, en cuyo caso la Sala del TSJ de Madrid estableció que «no se puede inferir razón alguna mediante la cual pueda considerarse» que su «mantenimiento suponga una exaltación, personal o colectiva, al acto de sublevación militar, a la Guerra Civil, o bien a la represión que tuvo lugar durante la Dictadura».

Según las mismas fuentes, «es muy llamativo que ahora el PSOE solicite explícitamente el mismo trato que ha sido dado en sede judicial a la División Azul a la que tanto infaman siempre que pueden», lo que evidencia la «desesperación de la posición socialista actual en Madrid», aunque en su opinión «la Historia nos dice que no tienen nada que ver ambos casos, por cuanto Largo Caballero e Indalecio Prieto sí tienen encaje en la exaltación de la Guerra Civil por su participación directísima en ella, mientras que la División Azul fue creada en 1941, finalizada la Guerra Civil, y luchó fuera de España, a miles de kilómetros de distancia».

Consideran desde la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces que, «en su amnesia total, el PSOE omite que Largo Caballero fue presidente del Gobierno del Frente Popular en la Guerra Civil y además ministro de la Guerra, e Indalecio Prieto, ministro del Ejército y de la Marina, como si estas circunstancias no fueran en sí una exaltación de la Guerra Civil». Un «supuesto de hecho contemplado en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica que preceptúa la retirada de toda placa o símbolo que la evoque».

Lamentan estas fuentes que el PSOE «llega a afirmar que sus más altos dirigentes» –como los citados Largo Caballero e Indalecio Prieto– «lucharon toda su vida contra el comunismo, cuando es público y notorio que el comunismo de Stalin era quien gobernaba el Consejo de Ministros dirigido por Largo Caballero». Es significativa en este contexto una entrevista de 1936 al «Lenin español» en la que anticipaba el «soviet en España» en cuanto fracasara lo que las fuerzas socialistas llamaban la «fase burguesa» del Gobierno del Frente Popular, liderada por Manuel Azaña.

Para el PSOE –que señala además que Vox «carece de legitimación pasiva» en el procedimiento–, el «acuerdo impugnado es contrario a Derecho, incurriendo en arbitrariedad». Considera su representación legal que «ni las calles, ni las estatuas dedicadas a Largo Caballero e Indalecio Prieto, ni la lápida dedicada al primero que se encontraba colocada en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí, exaltan su participación en la Guerra Civil, que colaboraron en el alzamiento militar contra el régimen democrático existente, o con la represión de la Dictadura instituida posteriormente», según el escrito de conclusiones al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Sobre la placa de Largo Caballero critican desde Raíces que los socialistas «alegan a su favor que fue colocada por el Gobierno municipal democrático en Madrid en 1980», cuando «ese mismo argumento podría haber servido» para no haber eliminado la estatua de Franco levantada en Melilla en 1977, «ya en plena democracia», una «retirada», lamentan, «que hicieron los socialistas que allí gobiernan con verdadera saña el 23 de febrero de 2021». Y por cuya reposición litigan en los tribunales desde hace meses la Plataforma Millán Astray y la Fundación Nacional Francisco Franco, a la espera de un fallo judicial.