El teléfono contra la “okupación” está que arde en Madrid

Un problema latente en la sociedad madrileña que, cierta izquierda, desprecia o no le da la importancia que tiene. Ahora, negro sobre blanco, el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) ha comunicado que ha recibido 4.000 llamadas desde julio pasado, de las cuales más de mil se referían a la okupación de viviendas, según el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

La Administración regional puso en marcha en julio el servicio 112 Ocupación, a través del teléfono 900 205 112 para ofrecer atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados.

Al marcar este número el ciudadano puede conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda y las posibilidades que tiene de defender su legítima propiedad ante los tribunales, así como ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales.

Esta plataforma de asistencia e información está integrada en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) que se encuentra en la sede del 112.

López ha explicado en EFE que el CECOM está formado por Policías locales, que los ayuntamientos han cedido a la Comunidad de Madrid y cuyas nóminas abona la Administración regional para apoyar a las Policías locales, especialmente a aquellas que no tienen tantos medios y que requieren este respaldo.

El objetivo básico del CECOM es la coordinación policial, en el marco autonómico, mediante un protocolo común de actuación y una formación específica para estos profesionales que se lleva a cabo en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

“Allí se ha creado la oficina antiokupación que recibe llamadas por parte de infinidad de personas pidiendo información”, ha dicho el consejero, y ha precisado que, hasta ahora, casi un 30 % de las llamadas que se han producido se refieren a la okupación de inmuebles.

La Policía local tiene acceso online al Registro de la Propiedad para comprobar que quien llama o se persona allí es el propietario de la vivienda y los técnicos de la Consejería de Vivienda también les puede ofrecer asesoramiento en la materia.

López pide al Gobierno de España y, sobre todo, al PSOE que se comprometa con la lucha contra la okupación reformando el Código Penal, castigando más duramente la usurpación no violenta y estableciendo un desalojo automático en el plazo de 24 ó 48 horas de quien no acredite con algún título que puede ocupar una vivienda, sin perjuicio de que “si alguien está en una situación de vulnerabilidad las Administraciones asuman esa situación” y le ofrezcan una respuesta.

El consejero reconoce que es “difícil” que el Ejecutivo central vaya a tener en cuenta su petición “cuando hay una parte del Gobierno que banaliza la okupación, que la contextualiza y, en algunos casos, la justifica”.

“Hay miembros del Gobierno de España que dicen que la okupación no es un problema en España. Esto es un mal diagnóstico, que hay que cambiar”, apunta López, quien considera que “un Gobierno que no defiende el derecho a la propiedad está yendo en contra de la esencia del Estado democrático y de derecho”.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, adelantó en la Asamblea que se van a estudiar ayudas para las víctimas de la okupación como puede ser la condonación de los gastos de agua que a veces tienen que asumir los propietarios debido a que los okupantes que no cumplen con esas obligaciones.