Ayuso pone en marcha una nueva ley que convertirá oficinas en viviendas en alquiler

El Gobierno de Díaz Ayuso da nuevos pasos para afrontar la crisis de la vivienda que se han materializado en un nueva ley de medidas urbanísticas para la promoción de viviendas protegidas. La fórmula de Ayuso consistiría en transformar oficinas en pisos de alquiler asequible para aumentar el parque de viviendas. Y es que, según un estudio realizado por EY España, en Madrid existen aproximadamente 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas que podrían ser transformados en viviendas, lo que equivaldría a unas 20.000 unidades habitacionales. Este análisis resalta la necesidad de reconsiderar el uso de estos espacios, especialmente ante el importante stock de oficinas vacías en zonas periféricas de la ciudad.

El Consejo de Gobierno ya ha dado el visto bueno al informe de la nueva norma que ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. La previsión del Ejecutivo autonómico es que la aprobación de la Ley se produzca durante las próximas semanas en la Asamblea de Madrid para su inmediata entrada en vigor tras su tramitación en la Cámara. Tal y como informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martí, la normativa de la Comunidad de Madrid establecerá una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario –destinado a oficinas- a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. Esto será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento, solo será precisa una licencia de tal manera que se habilitará un plazo de dos años para solicitarla, desde la entrada en vigor, y de tres como máximo para ejecutar la obra. «Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura», ha informado la Comunidad de Madrid.

Se trata de una medida alineada con la idea de simplificación de trámites que persigue el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a la vivienda e impulsar la actividad económica. Esta medida se verá implementada de otras, como la la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses. También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda.