Frenazo a los repartos de comida en la Plaza de Ópera

Cada lunes y jueves, al caer la tarde, la Plaza de Ópera se llenaba de un pequeño murmullo. Eran los voluntarios de las asociaciones Granito a Granito y Bocatas, cargados de bocadillos, bebidas y productos de higiene. A eso de las ocho y media empezaban a llegar las personas que sabían que allí habría cena, conversación y compañía. Durante años, esa escena se ha repetido sin sobresaltos. Hasta hace tres semanas. Entonces, los voluntarios recibieron una llamada del distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid: no podían seguir repartiendo comida en la vía pública. Según les dijeron, podrían enfrentarse a multas e incluso afrontar penas de cárcel si insistían.

«Nos quedamos en shock», cuenta Sergio Montes, portavoz de Granito a Granito e impulsor de una recogida de firmas en la plataforma OsOigo que busca revertir la decisión. «Llevamos muchos años ayudando, y de repente nos dicen que no podemos seguir, que puede haber intoxicaciones, que somos demasiada gente, que parece una concentración... Pero no existe una normativa que lo prohíba». Granito a Granito nació en 2013. Montes empezó como voluntario en 2017, cuando apenas ayudaban a 20 o 30 personas. Hoy calcula que cada noche se acercaban cerca de unas 100. «Con la pandemia, la necesidad se disparó», explica a este periódico. «No solo damos comida, también ropa, artículos de higiene, y sobre todo compañía. Para muchos, éramos un punto de apoyo». Pero ahora, las mesas están guardadas y la plaza vacía. «Antes de marcharnos, avisamos a la gente de lo que había pasado», cuenta Sergio. «Les dijimos que íbamos a pelearlo, que buscaríamos otra manera».

Prohibición

Desde la Junta del Distrito, defienden que la medida no es arbitraria. Fuentes municipales reconocen la «labor encomiable» de las asociaciones, pero aseguran que los repartos estaban generando problemas de orden y salubridad. Según explican, las entregas se realizaban con vehículos fuera del horario de carga y descarga, se acumulaban cajas de comida en la vía pública y se formaban aglomeraciones desde primera hora de la tarde. Además, advierten que los alimentos no contaban con trazabilidad ni controles sanitarios, y que en alguna ocasión se produjeron «momentos de tensión entre los asistentes».

«Está prohibido el reparto de comida en la calle sin autorización», subrayan. También argumentan que las asociaciones no tienen «fichados» a los beneficiarios, lo que impide saber si esas personas ya están siendo atendidas por los servicios sociales municipales. Una de las entidades, añade el Ayuntamiento, «dispone de un local propio donde podría realizar esta labor en condiciones seguras». Por eso, el consistorio ha convocado una reunión con el Área de Políticas Sociales para buscar alternativas.

La pregunta que más se repite es: ¿hay una ley que prohíba ayudar a quien tiene hambre?La respuesta, tras revisar la normativa vigente, es que no existe una norma que diga de forma explícita «está prohibido dar comida a personas sin hogar en la vía pública». Sin embargo, sí hay otras ordenanzas que el Ayuntamiento puede aplicar: la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos sanciona las actividades que generen suciedad, residuos o plagas. La Ordenanza de Terrazas y Ocupación de la Vía Pública obliga a pedir permiso para instalar mesas o materiales en la calle. La normativa sanitaria exige controles de temperatura, trazabilidad y manipulación segura de los alimentos cuando se sirven a terceros. Si la administración considera que los repartos incumplen alguna de estas normas, puede prohibirlos o multarlos, aunque el objetivo sea solidario.

Exclusión

El contexto ayuda a entender la tensión. Según los últimos datos del Ayuntamiento, más de 4.800 personas viven en situación de calle o en infraviviendas en Madrid, y los recursos municipales están al límite. Los comedores sociales no dan abasto, especialmente los fines de semana. «Nosotros somos un complemento», explica Sergio. «Una ayuda ciudadana, no una competencia. A veces restaurantes o supermercados nos donaban sobrantes, lo que además evitaba desperdicio. La nueva ley estatal contra el desperdicio alimentario, aprobada en abril, va justo en esa línea».

Desde las asociaciones solo piden un nuevo espacio donde poder seguir con su labor. «Solo pedimos que nos den un espacio. No queremos enfrentamientos, solo seguir ayudando. Ojalá algún día no hiciera falta, pero mientras haya gente que pasa hambre, alguien tiene que estar ahí». Mientras la administración estudia alternativas, los voluntarios de Granito a Granito y Bocatas se sienten «paralizados». La campaña de firmas en OsOigo está a punto de alcanzar su objetivo, las 500. «Queremos que esto sirva para abrir un debate», dice Montes. «Que los políticos se sienten y encuentren una solución conjunta. No se trata de desobedecer, sino de colaborar».

El caso ha reavivado un viejo dilema urbano: ¿cómo compatibilizar la ayuda espontánea con la regulación de los espacios públicos? Para muchos vecinos, la escena de los repartos en Ópera reflejaba la cara más solidaria de la ciudad. Para otros, una situación «fuera de control». «Entendemos que puede incomodar en una zona tan turística, pero el problema no desaparece por esconderlo», responde Sergio. Las asociaciones insisten en que están dispuestas a cumplir normas, si se les guía en cómo hacerlo. «No somos una empresa de catering, somos vecinos que dedicamos nuestro tiempo libre a acompañar a personas que no tienen nada», dice.

Más que bocadillos

Detrás de cada bolsa de comida hay historias humanas. Esa sensación de desamparo se repite entre quienes acudían a la plaza. «Para muchos era su única cena caliente y ahora, simplemente, no está», confirma Sergio. Madrid se encuentra ante una decisión que va más allá de una plaza o dos asociaciones. Se trata de definir qué lugar ocupa la solidaridad en el espacio público. El Ayuntamiento insiste en que su prioridad es la seguridad y la salud. Las asociaciones piden que no se castigue la empatía. Y entre ambos, cientos de personas vulnerables esperan una respuesta.