El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pondrá orden a la hora de acoger a menores extranjeros no acompañados en la región: ni aquellos adultos que se hagan pasar por niños, ni los que «son enviados por sus propios padres para que la Administración cargue con sus obligaciones», constituyendo una suerte de «erasmus». En ambos casos, el Gobierno regional denunciará la situación ante la Fiscalía de menores.

Así lo avanzó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante los Desayunos Madrid organizados por Europa Press. «Se trata de una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid, estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata», afirmó la consejera.

Fuentes del Ejecutivo regional confirman que, entre 2024 y 2025, se ha identificado cerca de medio centenar de falsos menores: 29 el año pasado y 19 en lo que llevamos de 2025.

Dentro del mismo «saco» del «fraude de ley», Dávila incluyó a las familias que envían a sus hijos a España para que la Administración cargue con su responsabilidad. Y es que, en cualquier caso, se pone en riesgo «el sistema de protección»: se desplazan recursos, lo que «pone en peligro a los menores verdaderamente vulnerables», añadió.

«Es una estafa y un abandono. Firmeza frente a la ilegalidad y oportunidades para quienes vienen a trabajar y contribuir al progreso común. Madrid seguirá siendo tierra de acogida, pero nunca cómplice del desgobierno de Pedro Sánchez ni del efecto llamada que está destruyendo nuestro sistema de protección», ha subrayado.

Polémica

Uno de los casos más polémicos relacionados con los «falsos menas» ocurrió el pasado agosto, después de que un joven fuera acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en el centro de acogida de Hortaleza. Tras la detención del presunto agresor, el auto concluía, que, tras haber sido sometido a distintas pruebas médicas, se había determinado que su edad biológica más probable era superior a los 18 años.

En cuanto a los «menas-Erasmus», el modus operandi se repite en varias comunidades autónomas: familias adineradas procedentes de Marruecos y Argelia viajan a España con el visado de turistas y, tras pasar una temporada en el país, dejan a los menores en dependencias policiales.

Tal y como publicó recientemente LA RAZÓN, los padres, de acuerdo a las pesquisas policiales, eran de sectores adinerados: políticos argelinos y policías marroquíes. De hecho, los policías detectaron que estos adolescentes poseían teléfonos iPhone y maletas caras.

El reparto de menores ha constituido en los últimos meses una de las brechas judiciales del Gobierno de Ayuso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, el pasado septiembre, la Comunidad de Madrid presentó su tercer recurso al respecto ante el Tribunal Supremo contra el último decreto estatal. Dicho recurso judicial se producía después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.

El primero fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 regiones ante el Constitucional por «invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas».

El segundo lo presentó el Gobierno regional el pasado 30 de julio ante el Supremo. El motivo, la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio, que regulaba las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria «extraordinaria» para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada.