Madrid exige una ley antiokupas: desalojos en 24 horas y prohibir el empadronamiento

El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas ha captado la atención pública en España, generando un debate político y social en los últimos meses. Aunque las estadísticas ofrecen una perspectiva más real de lo que se percibe mediáticamente, varios gobiernos autonómicos han elevado la voz para exigir respuestas legales más eficaces frente a los obstáculos que implican los procesos judiciales largos y complejos.

En este contexto, la Comunidad de Madrid reclama una reforma legislativa que acelere los desalojos legales y reduzca las posibilidades de ofrecer cobertura administrativa a quienes ocupan viviendas ilegalmente. La discusión no solo tiene consecuencias legales, sino que conlleva cuestiones sociales como el acceso legítimo a la vivienda pública, la seguridad comunitaria y el uso adecuado del padrón municipal.

Okupación en la Comunidad de Madrid

Según datos oficiales ofrecidos por la Comunidad de Madrid, en los últimos tres años se han presentado más de 4.000 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en la región. A este fenómeno se suman las cifras proporcionadas por el servicio 112 Ocupación, creado en 2022 por el Gobierno autonómico para atender alertas de okupación en tiempo real. Desde su puesta en marcha, esta línea ha gestionado más de 4.100 llamadas y ha facilitado la intervención preventiva de las autoridades.

En la actualidad, se calcula que alrededor de 2.500 viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social están ocupadas ilegalmente, lo que representa un 10 % del total disponible. Esta situación, denuncian fuentes autonómicas, limita el acceso de familias vulnerables y puede fomentar el negocio ilegal de subarriendos.

Por ello, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, afirmó durante una entrevista en Servimedia que "la nefasta Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, es una norma intervencionista, populista, que blanquea a la okupación y que no está funcionando", a lo que añadió: "Se han cumplido dos años desde la aprobación de la ley y el problema de la vivienda no se ha solventado y el Gobierno todavía no ha puesto ni un ladrillo".

Nueva ley antiokupas: medidas y características

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central la aprobación urgente de una ley estatal específica contra la ocupación ilegal, una normativa que ya fue aprobada en el Senado a propuesta del Partido Popular, pero que permanece sin avanzar en el Congreso. Esta proposición plantea un marco legal más estricto con el objetivo de acelerar los desalojos y evitar que los okupas accedan a derechos administrativos.

Entre las medidas más destacas, se encuentra la posibilidad de desalojar una vivienda ocupada ilegalmente en un plazo máximo de 24 horas, siempre que el ocupante no acredite su derecho legítimo a permanecer en el inmueble. Además, se pretende eliminar la necesidad de procesos judiciales prolongados, algo fundamental para garantizar el respeto a la propiedad privada.

Por otra parte, la ley contempla la prohibición de empadronar a personas que ocupen una vivienda sin título legal. Desde la Comunidad de Madrid alegan que el empadronamiento otorga a los okupas una falsa apariencia legal que les permite acceder a ayudas públicas. Además, se prevé que las comunidades de vecinos puedan iniciar acciones legales cuando la okupación altere la convivencia.