El plan del Ayuntamiento de Móstoles para recuperar 2,5 millones perdonados por su exalcaldesa

La actual corporación municipal, presidida por el popular Manuel Bautista, quiere que los 2,5 millones de euros en cánones que perdonó a una ITV de la localidad la anterior alcaldesa socialista, Noelia Posse, vuelvan a las arcas municipales. Hoy se celebra un pleno extraordinario con ese fin, lo que se convertiría en el inicio de un proceso burocrático que busca revertir la condonación de la deuda a la empresa que fue el origen del «caso ITV», en 2021, y que ahora se encuentra judicializado, tres años después de que se destapara.

En el Tribunal de Cuentas, Posse y su equipo se encuentran a la espera de un juicio contable con los bienes embargados; por otra parte, en los tribunales ordinarios, está a punto de abrirse juicio oral para la exregidora y ocho exediles, cinco de los cuales continúan ocupando cargos.

Ahora, el Gobierno de Manuel Bautista quiere que se revise de oficio el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del año 2020, en la que se aprobó perdonar la deuda y reducir el canon a pagar a la ITV de la localidad para que no haya perjuicio para las arcas municipales.

El equipo de Gobierno local basa su petición en los problemas de legalidad detectados: como que la condonación de la deuda se produjo sin que la empresa concesionaria estuviera en fase concursal. Tampoco hay un análisis exhaustivo de la situación recaudatoria en el expediente ni se aclara la situación financiera de la empresa que se benefició de esa «amnistía fiscal».

De aprobarse la iniciativa en el pleno municipal de hoy, el Ayuntamiento podría reclamar a la empresa una deuda de 2,5 millones de euros y volver al canon anterior sin rebajas de ningún tipo.

El siguiente trámite pasaría por que el Ayuntamiento acudiera al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que declarase nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno que presidía en su momento la socialista Noelia Posse.

El PSOE ya ha avanzado que votará en contra de la propuesta de los populares porque sería tanto como reconocer que el acuerdo que alcanzaron en su día fue lesivo para las arcas municipales. Incluso pidió, sin éxito, la suspensión del Pleno. Sin embargo, paradójicamente, los beneficiados con la medida serían no solo las arcas municipales, sino también la propia exalcaldesa y los miembros de su equipo de Gobierno ya que, de recuperar los 2,5 millones en cuestión, desaparecería la responsabilidad contable del anterior equipo de Gobierno.

De momento, la medida ya ha perjudicado económicamente a Posse y a su equipo. En septiembre pasado, el Tribunal de Cuenta decidió embargar de manera cautelar los bienes de la exregidora, que pasó a la oposición después del 28M tras perder casi 10.000 votos en un feudo histórico del PSOE, además de a ocho concejales y al tesorero del Ayuntamiento por valor de 667.132,02 euros, por el «caso ITV».

La jueza instructora del caso en la Cámara de Cuentas citó el pasado 25 de julio a los implicados para informarles del perjuicio económico que habían causado al Ayuntamiento de la localidad. Ese día, la jueza pidió a Posse y los miembros de su equipo de gobierno que depositasen 667.000 euros de manera solidaria como aval, hasta la celebración del juicio contable, que está pendiente de celebración, para evitar el embargo de bienes. Ninguno de ellos lo hizo, salvo el exconcejal de Recursos Humanos y Participación Ciudadana, Aitor Perlines. De ahí que se materializase el embargo.

Además de Noelia Posse, los embargados son: David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín, María Luisa Ruiz, María Dolores Triviño, Beatriz Benavides, Natividad Gómez (ex concejala de Podemos) y el secretario municipal Javier Torner.

Al no depositar el aval que se pedía hasta la celebración del juicio, la instructora del caso consideró que se había infringido la Ley 7/1988 de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Otra cuestión es si el Ayuntamiento de Móstoles podrá recuperar la totalidad del dinero que el antiguo equipo de Gobierno perdonó ya que el plazo de prescripción tributaria es de cuatro años. Así, como el acuerdo se alcanzó en 2020, en teoría no se podría reclamar el periodo condonado de 2015 a 2018, aunque sí el de 2019 en adelante, con lo que en lugar de 2,5 millones, podría ingresar 1.900.000 euros. No obstante, el Ayuntamiento de Móstoles tratará de reclamar la suma total.