Radiografía de la Justicia de Madrid: cada vez más asuntos, un enquistado atasco y sin los jueces necesarios

A la Justicia de la Comunidad de Madrid llegaron, a lo largo del año pasado, un aluvión de asuntos y existe un atasco en su resolución, tal y como refleja la memoria de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los órganos judiciales de la región madrileña superaron la cifra de asuntos que ingresaron en el curso judicial previo, el de 2023. El año pasado fueron ya 1.250.358. Representan, por tanto, más de una séptima parte del conjunto de asuntos ingresados en los tribunales de todo el país. Es la tercera comunidad autónoma que ha conocido más, situándose solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

La realidad es que no paran de crecer las cuestiones que entran, consolidándose la tendencia alcista, ya imparable. Es el mayor aumento de los experimentados en los últimos cinco años. Llegaron a las sedes judiciales madrileñas un 22 por ciento más de asuntos que en 2023. Aumentaron los casos, pero también los pendientes de ser resueltos con un 23,3 más en toda la comunidad.

Ante este panorama, se vuelve más preocupante aún la falta de jueces de carrera con «verdadera capacitación», lo que también ha sido determinante para que haya aumentado esa pendencia de los asuntos.

Según alerta la memoria, es el «gran mal que aqueja a la Administración de Justicia» y, en lo relativo a Madrid, se precisa ampliar la plantilla de jueces de adscripción territorial para reforzar aquellos órganos con una mayor falta de miembros de la Carrera.

Yendo a la actividad delictiva, la memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid refleja que la criminalidad no baja: ha habido un 6 por ciento más de investigaciones que en el ejercicio previo. Subieron, en la misma línea, los delitos contra la vida y la integridad de las personas un 6 por ciento con respecto al año inmediatamente anterior.

Los cometidos en el ámbito de la violencia doméstica también crecieron, aunque en menor medida, situándose en un 4 por ciento más. El cómputo total sobre la violencia de género, por la contra, arrojó un descenso del 0,8 por ciento. No así en la ciudad de Madrid, donde los procedimientos incoados crecieron un 2,7 por ciento.

En 2024, hubo que lamentar un total de 21 muertes violentas en todo el territorio autonómico. 10 ocurrieron en la capital, la mitad que el año pasado, y las 11 restantes en otros municipios, lo que supone un descenso del 36 por ciento respecto al año previo, en el que hubo hasta 33 fallecidos.

Cuatro de los fallecimientos lo fueron por violencia sobre la mujer. Solo una de las víctimas había denunciado previamente a su pareja y a esta se le llegó, incluso, a conceder una orden de protección justo un mes antes del feminicidio.

Es la estadística más baja de delitos contra la vida desde 2018 y es el segundo año consecutivo en el que se produce un descenso proporcional similar.

Hay que destacar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograron identificar a los responsables en todos los casos.

Aunque los homicidios en todas sus formas –tanto tentativa como consumados– sí que crecieron en un 8,6 por ciento.

Tal y como destacó la propia fiscal superior, Almudena Lastra, ayer en su intervención durante la apertura del año judicial, se hallaron restos mortales de tres bebés (en Barajas, Vallecas Villa y Loeches).

«Para evitar el abandono sería conveniente dar más publicidad al protocolo de entrega en adopción de recién nacidos en maternidades de la región», planteó como camino de prevención.

Otro dato de interés es que es mayor la cantidad de los delitos de los que han sido víctimas personas que tienen una edad avanzada.

Pero lo que, en especial, genera preocupación, es que las agresiones sexuales entre menores de edad han subido un 30 por ciento en los doce meses de 2024 y la violencia de género ha crecido, entre ellos, un 69,5 por ciento.

La memoria de la Fiscalía Superior da cuenta de que el volumen de los delitos violentos protagonizados por niños y adolescentes sigue siendo «preocupante». Particularmente, en lo relativo al número de intentos de asesinato.

En la Comunidad de Madrid hubo 26 en el último año concluido, solo uno menos que en el precedente. No bajan tampoco los delitos de lesiones, con 2.910 frente a los 2.679 que se registraron en 2023.

En no pocos de estos delitos –detalla el Ministerio Fiscal madrileño– han estado implicadas bandas juveniles, que usan de manera frecuente armas durante sus enfrentamientos.

Los menores de 14 años de la región capitalina cometen cada vez más ilícitos, y son ya casi 3.000 los de esta franja de edad que han cometido algún crimen. Un 7 por ciento, En cualquier caso, siguen siendo los de entre 16 y 18 los que cometen un número mayor, con un total de 6.776 el año pasado.

Por la evolución de la manera en que se ejecutan los actos delictivos es mayor la presencia de las nuevas tecnologías como el ámbito en el que se comenten. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea son, en muchas ocasiones, el escenario de los actos delictivos.

Ello explica el crecimiento destacado de los delitos contra la intimidad, con 269 coincidentes con una revelación de secretos. Escalaron en cuestión de doce meses hasta en un 37 por ciento.

En otro orden de cosas, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid advirtió que en 2024 se ha producido un «absoluto desbordamiento de la capacidad de los medios materiales y humanos» disponibles en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Bajaras.

Sobre todo, en las salas de no admitidos y asilo, a las que se deriva a los extranjeros que no se les aprueba su entrada en suelo nacional y aquellos otros que se acogen a su derecho a reclamar protección internacional a nuestras autoridades en este importante punto fronterizo.

El acto de apertura del curso en la Justicia madrileña también incluyó, al igual que el nacional, un alegato contra los ataques a los jueces, como los dedicados por el presidente y varios miembros del Gobierno.

El presidente del TSJM, Celso Rodríguez, defendió que la «ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes» que, «excediendo toda crítica legítima», atribuyen una «politización» a los miembros de la judicatura en el ejercicio de sus funciones.

El magistrado no dudó ayer en sumarse a la presidente del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, en cuanto a que son «rechazables las insistentes descalificaciones de los poderes públicos».