Vivienda de palabra, obra y omisión

Aunque no sepamos quién dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, se trata de un axioma que la sabiduría popular considera confirmado por la experiencia.

Afrontar el problema del acceso a la vivienda exige conocer un mercado altamente sensible que algunos reducen a una guerra de buenos y malos, cuando se trata de una materia compleja en la que, si no somos capaces de entender que el objetivo es que todos ganen, todos pierden.

Tener casa, crear un hogar, es un anhelo universal que atiende la necesidad de refugio. Normalmente es la mayor inversión de toda nuestra vida y, sin que pretenda ser una justificación, nunca ha sido fácil.

Conforme al artículo 148.3 de la Constitución, todas las Comunidades Autónomas tenemos asumida, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda, lo que no impide al Estado y ayuntamientos participar en la tarea, mejor cooperando que torpedeando.

La Ley 12/2023, la primera ley estatal sobre vivienda de nuestra democracia, debería haber sido esa contribución, pero, en su letra y espíritu, es una mala ley. No porque la apoyasen los partidos populistas y los que promueven el desmembramiento de España como Bildu y los nacionalistas catalanes, sino porque interfiere en las competencias autonómicas, limita la libertad de mercado y ampara la okupación justificando el delito de usurpación por una supuesta situación de vulnerabilidad.

Las viviendas de palabra, ya lo dice Bécquer, son aire y van al aire. Los 184.000 inmuebles para alquiler asequible, la Empresa Pública de Vivienda, todos los anuncios de Pedro Sánchez fueron promesas ambulatorias, coreadas, aplaudidas, pero nunca construidas.

La verdad no vive en la reiteración, ni en el empecinamiento. No vamos a decir a los vecinos de Getafe, Alcorcón, ni de ningún municipio, lo que pueden o no hacer con sus casas, porque sabemos que la solución es promover la construcción como estamos haciendo con el Plan Vive, y ahí los ayuntamientos sí pueden colaborar con eficacia. Clamar por una declaración de zona tensionada es apostar por el fracaso, tanto me da que sea por ignorancia o por militancia.

La solución no está en los pisos turísticos, ni en las viviendas vacías, ni en la recentralización de la política de vivienda, algo contradictorio en un gobierno que habla de una España confederal. La respuesta a este problema es construir y rehabilitar, colaborando administraciones públicas y empresas privadas, liberando suelo, promoviendo la construcción industrializada, agilizando trámites y ofreciendo estabilidad y seguridad jurídica.

Se cumple hoy un año de la aprobación del Plan de Choque de la Comunidad de Madrid de impulso a la vivienda que, junto a los diferentes planes que tenemos activados, componen el modelo más sólido para fomentar la construcción. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recordó hace unos días que el 80% de las medidas están cumplidas.

Con la próxima licitación de 4.500 casas específicas para jóvenes, el Plan Vive alcanza las 13.000 viviendas, de la cuales 2.762 ya se han entregado y 5.354 se encuentran en edificación y comercialización. A esto unimos las que está construyendo y entregando la Agencia de Vivienda Social a las personas más vulnerables.

La Comunidad de Madrid está a la cabeza de España en la construcción de vivienda protegida, el doble de Cataluña y el 37 % de las que se hicieron en todo el país. Los datos del Boletín de Vivienda Social 2024 también establecen nuestro liderazgo en la construcción de vivienda protegida mediante colaboración público-privada, tres de cada cuatro.

La Comunidad de Madrid ofrece un entorno de confianza para la inversión, promoción y construcción de vivienda, sabiendo que es un esfuerzo colectivo que tendrá que ser constante y prolongado en el tiempo para lograr equilibrar oferta y demanda y con ello controlar los precios.

Tenemos la certeza de que el modelo Madrid funciona y contribuye a aumentar de verdad, con suelo, techo y paredes, el parque de viviendas, que es lo que necesitamos. Lamentablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus colaboradores necesarios seguirán manifestando sus críticas y discrepancias haciendo uso de su libertad de expresión ya que, al parecer, han renunciado a ejercer su libertad de pensamiento.

Jorge Rodrigo Domínguez es consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid