La fotovoltaica: un proyecto de país

2022 fue para la energía solar un año récord. Los datos así lo demuestran: se instalaron 3.712 MW de nueva potencia en proyectos en suelo y 2507 MW en autoconsumo suponiendo, esta última cifra, un aumento del 108% respecto a 2021. Además, en 2022, se incrementó el almacenamiento detrás del contador para autoconsumo en 1382,84 MWh, destacando que 1 de cada 3 instalaciones domésticas ya cuentan con un sistema de baterías.

Unos números que nos permiten adivinar la gran oportunidad que está suponiendo la energía solar para nuestro país, transcendiendo, de esta manera, tanto a la ciudadanía como a nuestro tejido empresarial: en los últimos meses hemos visto cómo, gracias a una mayor presencia de la fotovoltaica como fuente de generación eléctrica, se ha producido una bajada significativa en el precio de la electricidad lo que ha ayudado a contener la inflación y ha contribuido a que España sea uno de los países con los mejores indicadores macroeconómicos de Europa.

De esta manera, no cabe duda que la fotovoltaica se reivindica ya como una energía disruptiva con la capacidad de transformar el problema ambiental que supone el cambio climático en una fuente de mejora de nuestras condiciones socioeconómicas, especialmente para la España Rural. Y es que gracias a la reducción de un 95% de sus costes en esta década y al apoyo de las diferentes administraciones, se ha convertido en la forma más competitiva de producir energía eléctrica en nuestro país.

Sin embargo, nuestro factor de competitividad no radica en lo accesible de la tecnología fotovoltaica, a la que todos los países de nuestro entorno tienen acceso en igualdad de condiciones. España cuenta con un factor diferencial que, por primera vez en la historia, nos va a permitir hacer frente a la tercera revolución industrial en una situación genuina para atraer nueva industria con la capacidad de transformar nuestro país: tenemos unas horas de sol y una disponibilidad de territorio muy por encima de la media europea.

Pero para poder aprovechar esta situación ventajosa en la que nos encontramos, necesitamos un compromiso transversal. Por lo que a las empresas del sector fotovoltaico nacional respecta, nuestra línea de trabajo es clara: la integración social y ambiental de los proyectos no sólo debe hacerse bien, debe ser excelente.

Para que podamos seguir aportando lo mejor de nosotros mismos a este proyecto de país, después del 23 de julio, necesitamos seguir abordando cada uno de los puntos de una hoja de ruta que hemos trazado con la vista puesta en la consecución de esa transición energética que nos permita aprovechar en toda su extensión esta oportunidad histórica que tiene España gracias a la energía fotovoltaica.

Para lograrlo, una mayor racionalidad administrativa se plantea imprescindible. Estamos plenamente convencidos de que las tramitaciones no deben ser más laxas, especialmente las ambientales, pero sí que creemos en la necesidad de agilizar estos procesos para adecuarlos a las necesidades actuales de un sector en pleno avance: en el primer semestre de 2023, en torno a 40 GW de energía solar, vinculados a proyectos fotovoltaicos en suelo, recibieron una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Con el objetivo de mantener e impulsar el interés inversor de nuestro país, totalmente necesario para cumplir los indicadores de descarbonización antes de 2030, debemos seguir trabajando para adaptar el modelo de mercado marginalista a la mayor representatividad de la energía solar en España, siendo la fotovoltaica una tecnología que no tiene costes marginales.

Y mientras este cambio sucede, las subastas son una solución imprescindible para asegurar una correcta señal de precio de mercado que incentive las inversiones. Por ello, se debe abordar su rediseño para que cuenten con un calendario periódico publicado con antelación, con volúmenes conocidos y acogiendo sólo proyectos con madurez en la tramitación administrativa y contando con un sistema eficiente de ampliación de plazos.

Pero no podremos lograr este proyecto de país sin garantizar el crecimiento del autoconsumo y las comunidades energéticas. Por ello, debemos poner todos nuestros esfuerzos, mediante la colaboración público-privada, para erradicar las trabas administrativas todavía existentes que dilatan los plazos de puesta en marcha de las instalaciones, evitar vertidos facilitando la evacuación de los excedente y además de acelerar la tramitación de las ayudas Next Generation contempladas dentro de los Fondos de Recuperación y Resiliencia. Al nuevo gobierno le pedimos determinación para abordar nuevos mecanismos de financiación, así como una mayor flexibilidad respecto a la variabilidad de la tarifa eléctrica que permita una ampliación de la ventaja económica del autoconsumo.

Nuestra capacidad de creación de empleo es innegable. Para poder seguir convirtiendo la transición energética en una oportunidad real para toda la ciudadanía, debemos crear una estrategia conjunta con las administraciones públicas que permita adaptar los currículos académicos a las necesidades que demanda el sector de la energía solar en España.

Nuestro país, con la posición diferencial en la que se sitúa frente a los países vecinos, no puede desmarcarse de la ambición europea por acelerar una descarbonización. En este contexto, y para aprovechar al máximo la ventaja socioeconómica única con la que cuenta España, los nuevos objetivos de implementación fotovoltaica que recoge del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nos marcan el camino.

Ante la cita electoral del próximo 23 de julio, tenemos la certeza de que sólo seremos capaces de recorrer el camino al que me refería con antelación, si las administraciones públicas y las autoridades competentes siguen acompañando al sector fotovoltaico nacional y se comprometen con una hoja de ruta que se plantea imprescindible para asegurar la estabilidad regulatoria suficiente para avanzar, con paso firme pero seguro, hacia la consecución de este proyecto de país que queremos ser.