La Asamblea convalida el decreto de evaluación ambiental, que será proyecto de ley

Agilidad administrativa y sostenibilidad. Ese ha sido el argumentario sobre el que ha basado la defensa del decreto ley de Medio Ambiente que ha defendido hoy en la Asamblea Regional el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, para conseguir el aval de los grupo parlamentarios y convalidar la iniciativa para que se tramite finalmente como proyecto de Ley. Según el decreto, durante el proceso de aprobación de los planes urbanísticos, serán los ayuntamientos los que realizarán de manera simultánea su evaluación ambiental.

“La experiencia ha sido positiva con los municipios de 50.000 habitantes, por lo que hemos decidido dar ese paso para mejorar la eficacia en tramitaciones futuras”, ha asegurado el consejero Luengo, que ha desmentido que la Comunidad se vaya a desentender de la tramitación ambiental.

Con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, la Cámara murciana ha aprobado esta iniciativa que se presentó en Consejo de Gobierno, y de la que Luengo ha asegurado que el Ejecutivo regional seguirá garantizando la defensa del Medio Ambiente en todos los planes que se desarrollen, “para garantizar que no hay perjuicio ambiental y porque damos a los municipios de 20.000 habitantes la posibilidad de que sea la Comunidad la que realice la evaluación ambiental”.

La nueva norma permitirá a los ayuntamientos “ganar en agilidad”, al tiempo que permitirá a las empresas que ya tienen autorización ambiental no tener que solicitar una nueva si no superan el 30 por ciento de generación de residuos, de emisiones a la atmósfera de vertidos y si no afectan al patrimonio o a la Red Natura 2000.

De esta manera se ampliaría el límite, anteriormente fijado en un 15 por ciento. El consejero ha dicho que para ampliar ese límite se han basado en la legislación estatal, cuyos límites se fijan entre un 25 y un 50 por ciento. El consejero también ha matizado que este planteamiento se basará fundamentalmente en las pequeñas empresas.

Por otro lado, también se agilizan los plazos para que las empresas dispongan de una autorización ambiental. Según el decreto ley recibirán la autorización ambiental en un plazo máximo de 30 días y se dispondrá de un máximo de 3 meses para determinar si el plan de las empresas es inviable, “antes no existía eso y había empresas que podían pasarse meses esperando”.

La oposición denuncia “presiones”

Los más duros con esta iniciativa han sido PSOE y Podemos, quienes han acusado al Gobierno regional de utilizar el coronavirus como excusa para “eliminar controles ambientales”. El diputado socialista, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que el decreto “va en contra” de lo que exponen los documentos sobre el cambio climático".

“Mientras otros gobiernos aprueban leyes para proteger el medio ambiente, ustedes circulan por la autovía en sentido contrario”. A su juicio, el permitir aumentar un 30 por ciento la generación de vertidos y de emisiones a la atmósfera sin evaluación ambiental “se traducirá en un problema y se incrementará la contaminación”.

Más dura ha sido la portavoz de Podemos, María Marín, quien hasta ha llegado a pedir la dimisión del consejero. “Dimita y váyase, los favores que le hace a la CROEM los va a tener que pagar muy caro, más pronto que tarde tendrá que responder ante la justicia”, al denunciar presiones por parte de los empresarios a los grupos para que apoyaran el decreto.

Por parte de VOX, su portavoz Juan José Liarte considera que la Región “necesita un marco normativo nuevo y una ley que sea limpia y clara”, por lo que espera que “entre todos hagamos juntos una ley que funcione y que sea respetuosa con el medio ambiente”. Ellos se han abstenido en la convalidación del decreto ley porque, ha explicado, “determinados sectores necesitan del auxilio de medidas urgentes”.

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha apuntado que la normativa debería tramitarse como proyecto de ley "para que todos los grupos representados en la Asamblea tengan voz". El parlamentario también ha defendido "dar mayor protagonismo a la sociedad civil" en esta cuestión algo que se traduce, ha añadido, en dar "plena autonomía" a los ayuntamientos, y la existencia de "menos burocracia".

El diputado del PP, Juan Antonio Mata, el decreto ley “apuesta por agilizar las inversiones, generar empleo respetando y controlando al medio ambiente”. Según ha dicho, es “positivo” que los ayuntamientos puedan realizar la evaluación ambiental porque son los técnicos municipales los que “conocen en mayor profundidad el plan de ordenación urbana y las particularidades sociales y ambientales de su municipio”.

Según ha insistido, esta ley “no va a permitir más emisiones ni más vertidos sin control medioambiental. Ni se va a construir en zonas verdes, ni en espacios protegidos”, ha aseverado el parlamentario autonómico para recordar que “cualquier proyecto sometido a la autorización ambiental integrada necesitará una nueva evaluación medioambiental para ampliar su producción”.