Murcia no pedirá el empadronamiento para gestionar el Ingreso Mínimo Vital

Los ciudadanos de Murcia podrán tramitar la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin necesidad de presentar el certificado de empadronamiento, después de que el Ayuntamiento de la capital haya llegado a un acuerdo con la Seguridad Social para liberar de burocracia la gestión y exonerar del documento que hasta ahora exigía la Administración estatal para la tramitación de las ayudas.

La iniciativa posibilita que sean las propias administraciones quienes realicen internamente esta gestión, convirtiéndose Murcia en uno de los primeros Ayuntamientos de España en eliminar trámites para evitar esperas innecesarias a los vecinos del municipio.El alcalde, José Ballesta explicó que es un asunto “de responsabilidad y honestidad con quienes peor lo están pasando, un compromiso social al que todos estamos llamados desde el ámbito de nuestras responsabilidades”,

Según las previsiones iniciales, en el municipio se espera que se registren cerca de 25.000 solicitudes del IMV, de las que se beneficiarán 15.000 personas.

Un modelo pionero

El Real Decreto que regula la gestión del Ingreso Mínimo Vital recoge la obligación de la acreditación por parte de los ciudadanos de que tienen domicilio en España mediante la presentación de un certificado de empadronamiento expedido por las entidades locales.

Sin embargo, el acuerdo del Ayuntamiento de Murcia con la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) permite que se tramite sin que el usuario aporte este documento. El modelo se trasladará al resto de la Región y a toda España.

El mecanismo es el mismo que emplea ya el Gobierno central para la obtención de la información tributaria de los ciudadanos.

El Ayuntamiento también defiende la necesidad de matizar el artículo 22 del Real Decreto que obliga a los ayuntamientos a asumir los gastos derivados de la tramitación de los expedientes con cargo a sus ingresos corrientes. El Consistorio murciano propone la creación de un fondo económico propio que se encargue de atender esta cuestión y que tenga consignación presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado. Esta propuesta cuenta con el respaldo de la FEMP y ha sido avalada por la mayoría de los alcaldes españoles.