El relato del exdirector de Carreteras salpica a la alcaldesa de Alguazas

La alcaldesa de Alguazas, Silvia Ruiz, puede verse obligada a declarar en las diligencias que se tramitan en un juzgado de instrucción de Murcia por un presunto caso de corrupción, tras las declaraciones hechas a la Guardia Civil por uno de los investigados, el ya exdirector general de Carreteras de la Comunidad, José Antonio Fernández Lladó, acusado de estar envuelto en una trama corrupta con un funcionario del ayuntamiento de Alguazas, para conseguir un documento que le permitiría quedar exonerado de pagar el recargo de un impuesto a la Agencia Tributaria. Lladó fue cesado por el Ejecutivo regional tras su detención el pasado miércoles.

En sus manifestaciones a los agentes, el exdirector general aseguró que contactó con la alcaldesa para que le pusiera en contacto con el funcionario, mientras que esta, que confirmó el encuentro, dijo a sus más allegados que se limitó a ponerlo en contacto con aquel, ignorando qué asunto quería tratar con el mismo.

Ruiz dijo que atendió a Fernández Lladó, que fue alcalde de Alguazas hasta 2015, cuando fue nombrado director general, por deferencia, ya que, además, es vecino de la localidad, y que hizo lo mismo que suele hacer ante las peticiones de cualquier persona.

También manifestó que su intervención se limitó a ponerle en contacto con el funcionario encargado del registro municipal, que se ha visto involucrado también en estas diligencias judiciales por un presunto delito de falsedad.

La presunta implicación del exdirector general fue descubierta de forma colateral cuando los agentes de la Guardia Civil investigaban un supuesto caso de corrupción en la prisión de Sangonera la Verde de Murcia. Durante las diligencias, los investigadores tuvieron conocimiento de las gestiones presuntamente realizadas por aquel para conseguir evitar el pago del recargo tributario.

Casajús, al frente de Carreteras

Por otra parte, la hasta ahora concejala en el Ayuntamiento de Cartagena, María Casajús, fue designada como nueva directora general de Carreteras en sustitución de Fernández Lladó, que fue cesado el miércoles de manera inminente tras ser detenido.

El Consejo de Gobierno acordó su nombramiento, explicó hoy la portavoz, Valle Miguélez, tras la decisión «tajante» de apartar del cargo a su predecesor, cuya presunta implicación en la trama corrupta, puntualizó, es «de ámbito personal» y «no tiene nada que ver con sus responsabilidades» en el Gobierno autonómico.

Asimismo, desde el PP murciano, la portavoz Miriam Guardiola pidió a los socialistas que «respeten la presunción de inocencia» y recordó que los hechos «no tienen ninguna vinculación con el Gobierno regional», ya que sus actos «se circunscriben a su esfera estrictamente personal».