Es, sin duda, una de las voces más autorizadas que tiene la Región de Murcia en materia de agua. El presidente el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha comparecido este lunes en la Asamblea Regional en la Comisión Especial de Estudio del acueducto, después de las decididas intenciones del ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de cambiar las reglas del juego, algo que afecta a esta infraestructura hídrica esencial para la Región de Murcia. Jiménez ha aprovechado su intervención para denunciar "el trato desigual" que está recibiendo la comunidad autónoma -y, por extensión, también la Comunidad Valenciana y Andalucía- en materia de gestión hídrica.

“El trasvase Tajo-Segura hoy está empantanado en un cúmulo de sentencias judiciales, que podrán decir, o podrán determinar que es legal el recorte, pero ya le digo yo que justo no es, fue un recorte político”, ha asegurado Jiménez, quien ha explicado que, detrás de esa modificación en las reglas de explotación, está la clara intención de contentar a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y, en concreto, a su presidente, a Emiliano García-Page, quien ya ha anunciado medidas judiciales, en caso de que ese incremento de los caudales ecológicos no se ejecute a la mayor brevedad posible. Los regantes tienen el convencimiento de que, detrás de esta maniobra, hay una promesa electoral que hizo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder castellano-manchego en un mitin en Albacete. Es más, Lucas Jiménez tiene la certeza de que esas nuevas normas, que exigen una disminución de las cantidades a trasvasar al Levante si los embalses de cabecera del Alto Tajo -Entrepeñas y Buendía- no alcanzan unos mínimos, van a ser una realidad antes de final de año. Para ello, el Miteco tiene que convocar el Consejo Nacional del Agua, que podría adoptar la llamada política de hechos consumados y ejecutar el “hachazo” definitivo al Tajo-Segura en diciembre de este mismo año. “Estamos a las puertas de un drama, que ha de ser solucionado”, ha transmitido el líder de los regantes murcianos.

En cualquier caso, Jiménez ha asegurado que van a dar la batalla y confía en que la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez sirva para que ese “tijeretazo” no sea una realidad, porque debería contar con el respaldo del Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para que salga adelante la iniciativa. Depende, por tanto, de sus socios, que no son precisamente alianzas estables.

División regional

En lo único en lo que se ponen de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios es que el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura fundamental para la Región de Murcia, generadora de riqueza y de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, no todos tienen claro cómo establecer una estrategia regional para "blindarlo". Desde el Partido Popular no dudan en calificar los planes del Miteco como “un capricho político” y “una canallada”. De hecho, el portavoz del PP en la Asamblea, Jesús Cano, ha afirmado que “el sectarismo de Pedro Sánchez nos va a dejar sin el 35% del agua que usamos en la cuenca más sedienta de Europa”. Además, culpan al secretario general de los socialistas murcianos, a Francisco Lucas, de no hacer lo suficiente para proteger los intereses de la Región de Murcia en esta cuestión. Cano ha dicho que “no vamos a permitir este atropello contra 1.600.000 murcianos”.

Por su parte, desde el PSOE fijan postura y defienden el lema de que la Región de Murcia va a tener “agua para siempre”, pero tampoco parecen tener clara cuál es la línea a seguir para garantizar ese suministro hídrico eterno. Es más, recuerdan que hay unos trámites judiciales y que el cambio climático es una realidad innegable, que no se puede obviar. El portavoz socialista en la cámara autonómica, Fernando Moreno, ha apelado al “rigor” y a la “responsabilidad” en esta cuestión, a la vez que ha recordado que el Gobierno de España ha invertido 700 millones de euros en desaladoras, como alternativa a la reducción de los envíos de agua procedente del Tajo. Además, los socialistas murcianos han acusado a López Miras de carecer de política hídrica para abordar esta problemática. Además, desde el PSRM han adelantado que su formación va a pedir una moratoria para evitar el cierre de los acuíferos, unos recursos subterráneos que se revelan como fundamentales ante la escasez de agua que se anuncia desde ya.

La lectura que hace Vox en esta materia habla de que existe “un fanatismo climático que pone por delante los caudales ecológicos y, de otra parte, un separatismo, un regionalismo exacerbado, que viene a decir que los trasvases son antipáticos, porque conectan los territorios”. Así lo ha afirmado el portavoz voxista, Antonio Martínez Nieto, quien confía en que se solucione cuanto antes este asunto, para interés y beneficio de la Región de Murcia.

Por último, desde el grupo mixto, su portavoz en la Asamblea, José Luis Álvarez Castellanos, ha asegurado que "estamos en el momento más peligroso de la historia del Trasvase" y ha dicho confiar en que en 2027 "se le dé la vuelta a este enredo y haya fuerzas políticas que crean en la unidad hidrológica de España y estén dispuestas a compartir entre todos los españoles los recursos hidráulicos que corresponden y pertenecen a toda la Nación".