Opinión
El 15-M que le preparan a Rajoy
El 15-M no fue el levantamiento espontáneo que se nos vendió. Ni muchísimo menos. Así como la Toma de la Bastilla ha sido exagerada por la historiografía, en la cárcel parisina había sólo siete personas (cuatro estafadores, un enfermo mental, un condenado por incesto y un regicida de pitiminí), el 15-M no fue cualitativa ni cuantitativamente lo que nos contaron. Estaba manejado económicamente desde tierras cercanas y lejanas, Venezuela por ejemplo, y tolerado por un Rubalcaba que quería dejar ese marrón a un PP cuya gran victoria se adivinaba en lontananza. Casualidades de la vida, se llevó a cabo en Sol, a las puertas del despacho de Esperanza Aguirre.
Rajoy pensaba que sólo tenía un enemigo en el horizonte (Ciudadanos) y ahora, como quien no quiere la cosa, o como quien la quiere, le ha salido un grano en salve sea la parte, tal vez mucho más letal para sus intereses que Albert Rivera. Es el nuevo 15-M que en forma de pensionistas cabreados le está montando la extrema izquierda. Un tsunami que, jugando ruinmente con los sentimientos de nuestros mayores, puede llevarse por delante a este Gobierno y volver a poner en órbita a Podemos, que es quien está detrás de todo de la mano de los opinadores de cámara de siempre. Y el PP, mientras tanto, en las nubes que cuenta Zapatero.
El debate es facilón para los que hacen de la demagogia su forma de vida. Cuidado porque la demagogia es como un chicle que se puede estirar hasta el infinito con mentiras que mil veces visceralmente repetidas se acaban convirtiendo en verdades incontrovertibles. Y si bien es cierto que de donde no hay no se puede sacar, mucho más aún que el desfase entre la subida de las pensiones (0,25%) y el coste de la vida (1,8%) es brutal. El presidente lo tiene fácil. Que cierre o jibarice las elefantiásicas teles autonómicas, reduzca a la mínima expresión los coches oficiales, compre menos tanques y eche a la calle a los miles de enchufados en todas las administraciones y ya verá cómo le salen los 1.700 millones necesarios para hacer de la necesidad de mantenerse en el poder, virtud. Y, de paso, justicia con los 8,5 millones de pensionistas, que no son precisamente «gavioticidas».
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