La Constitución y nuestro Rey

Ayer se recordó a las víctimas de los atentados de Barcelona de 2017, y como ya ocurrió hace un año, algunos han intentado desnaturalizar, perturbando aquel recuerdo con la evocación de procesados penales, y cuestionando a nuestro Rey Felipe VI. Recordar el texto de art. 66 de la Constitución resulta ocioso, pero merece la pena; en su primer inciso establece que «El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». La cuestión es si lo que más perturba a algunos no fue su cabal, ajustado y contundente discurso del 3 de octubre de 2017, en el que la inmensa mayoría del pueblo español se vio representado, sino precisamente el significado institucional que la Constitución le confiere, eso es, el símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

El cuestionamiento de la figura del Rey no se puede circunscribir a su persona, ni a sus actos, sino a lo que significa, y esto debe servir de acicate para mostrar el apoyo de toda una sociedad a su figura y a su persona. Nuestra primera autoridad no hizo más que constatar una realidad «estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática... Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía» y a la vez proponer una respuesta, «por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía».

Nada más y nada menos, lo que luego ha ocurrido ya los sabemos, y esperemos que no sea necesario de nuevo la aplicación del art. 155 de la Constitución, cuya activación no puede depender de falsas quimeras emboscadas en un diálogo de sordos; con la ley y con el compromiso constitucional no se dialoga. A partir de ahí, dentro del respeto al marco constitucional, se puede y se debe llegar a acuerdos, pero nunca traicionando el espíritu constitucional. El Pueblo español está con su Rey.