Andalucía necesita más libertad económica

¿De que depende la prosperidad de una sociedad? De sus instituciones. Es decir, del conjunto de normas y hábitos que prevalecen en su interior y que estructuran los términos de la cooperación entre sus ciudadanos. Aquellos países con instituciones más inclusivas y favorecedoras del comercio tienden a ser mucho más ricos que aquellos países con instituciones más extractivas y represivas del comercio.

Internacionalmente es sencillo observar esta correlación entre prosperidad y libertad económica a través del famoso Índice de Libertad Económica elaborado cada año por la Fundación Heritage: las sociedades que encabezan el ranking de libertad (Hong Kong, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda o Australia) también se encuentran entre los países más desarrollados del planeta y, a su vez, las sociedades en la cola de la clasificación (Corea del Norte, Venezuela, Cuba, República del Congo o Eritrea) se hallan en el grupo de países más pobres del planeta. Pero tales correlaciones entre libertad y prosperidad no sólo aparecen entre países, sino también entre las regiones de un mismo país.

Hace ya unos años, varios economistas españoles reprodujeron dentro del think tank Civismo el Índice de Libertad Económica para las distintas autonomías españolas y su resultado no fue especialmente sorprendente a tenor de la evidencia internacional: las regiones más económicamente libres gozaban en términos generales de mayor renta per cápita, mientras que las regiones menos libres tendían a ser también las más pobres. Andalucía era, en el año 2015, la segunda autonomía menos libre del país.

¿Por qué la región exhibía unos resultados tan deficientes en materia de libertad económica (y consecuentemente en su prosperidad material)? Las causas cabe buscarlas en prácticamente todas las variables que determinan este indicador: baja libertad comercial, educativa, medioambiental y sanitaria, baja movilidad laboral por parte de sus ciudadanos y una administración sobredimensionada en gasto público, empleo público e impuestos. Esas son las áreas en las que el nuevo Ejecutivo andaluz debería tratar de trabajar: liberalizar la economía y adelgazar lo suficiente la administración como para poder bajar intensamente los impuestos.

A la postre, Andalucía es bastante más pobre que el resto del país (su renta per cápita a finales de 2017 no alcanzaba los 18.500 euros anuales frente a los 25.000 del conjunto de España o a los 33.800 euros de Madrid) como consecuencia esencialmente de dos factores: una baja tasa de empleo (la tasa de empleo de Andalucía a cierre de 2018 era del 43%, frente al 49% del conjunto de España o el 54% de Madrid) y una deficiente productividad media (la producción media por trabajador es de unos 51.500 euros anuales, frente a los más de 73.000 euros en el caso de Madrid). Así pues, ¿cómo elevar la tasa de empleo y la productividad?

Facilitando la creación de una más abundante y potente red de tejido empresarial, para lo cual es a su vez necesario atraer (y no repeler) la inversión privada: a saber, minorar la carga regulatoria y la carga fiscal que recae sobre el empresariado andaluz. Más libertad económica, en suma: eso, y no más transferencias del sistema de financiación autonómica que sólo anestesian las reformas que la administración regional ha de emprender urgentemente, es lo que necesita Andalucía para crecer más rápidamente que el resto de España y, en consecuencia, converger con ella en términos de renta cápita. No será una misión fácil (porque además la Junta no posee todas las competencias necesarias para abrir la economía regional: pensemos simplemente en la normativa laboral o la tributación empresarial, campos en manos del Gobierno central) pero sí es la gran tarea pendiente de la Junta desde hace 36 años. Ojalá, ahora sí, se pongan manos a la obra.

Liberalización

Andalucía es una de las regiones que más regula la actividad empresarial en todos los frentes en la que la Junta tiene competencias: comercial, medioambiental, educativo y sanitario. Por ejemplo, la libertad de horarios se halla enormemente restringida: los locales no pueden abrir más de 90 horas semanales (una media de 15 horas diarias de lunes a sábado) y diez domingos al año. Compárese este régimen con el vigente en Madrid, donde impera una libertad comercial total (los comercios pueden abrir tantas horas al día y tantos domingos como deseen). Asimismo, el sistema educativo andaluz es uno de los más estatalizados y con menor presencia privada de toda España: y no porque los colegios públicos andaluces sean excelentes ascensores para la promoción social (sólo el 5% de la niños de padres con estudios básicos llegan a ser universitarios) sino por puro prejuicio ideológico contra lo privado.

Gasto Público

Andalucía con una de las administraciones públicas más grandes de España en relación con el tamaño de su economía. El gasto público autonómico representa el 16,5% de su PIB, muy por encima del 11% de Madrid o del 13,2% de Cataluña. Tal hipertrofia del tamaño del sector público en la región también se observa en la proporción de empleados públicos sobre el conjunto de ocupados: mientras que, en la totalidad de España, los trabajadores públicos representan el 16,2% del total del empleo, en Andalucía este porcentaje asciende al 19,2%, nuevamente por encima de regiones prósperas como Madrid que, pese a concentrar buena parte del empleo público de la Administración Central, cuenta con proporción de trabajadores estatales sobre el total de apenas el 15,3%. Más burocracia no sólo son más impuestos, sino también más personal interfiriendo innecesariamente en la vida de las personas y de los empresarios.

Impuestos

Andalucía también es una de las regiones con peor marco tributario del conjunto del país. De acuerdo con el recientemente publicado «Índice Autonómico de Competitividad Fiscal», elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, se trata de la decimotercera peor autonomía en materia fiscal. Las razones saltan a la vista: es una de las regiones que más impuestos propios ha creado, que mantiene tipos agravados sobre todos los tramos del IRPF (las rentas más bajas pagan 0,5 puntos de IRPF más en Andalucía que en Madrid, mientras que las rentas más altas soportan un gravamen 4,5 puntos superior), que establece uno de los más altos Impuestos sobre el Patrimonio del país y que exhibe un tipo penalizado en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (llega a ser del 10% frente al 6% de Madrid). Si se quiere atraer inversión, hacen falta menores impuestos.