Los tres errores de Intermon Oxfam

Como todos los años, Intermon Oxfam acaba de publicar su ya tradicional homilía anticapitalista donde nos informa de que, por lo visto, el mundo debe de estar transformándose en un lugar horrible por cuanto la distancia patrimonial entre ricos y pobres es cada vez mayor: de acuerdo con esta organización progubernamental, el 1% más acaudalado de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada durante 2018, mientras que el 50% más pobre no se benefició en absoluto de ese incremento patrimonial global. A su vez, Oxfam denuncia que sólo un tercio de los más ricos se merecen verdaderamente su fortuna porque, de acuerdo con sus estimaciones, otro tercio se ha limitado a heredarla y el tercer tercio la ha amasado merced a corruptelas gubernamentales. Para contrarrestar semejante situación de progresiva oligarquización mundial, la organización progubernamental defiende –siguiendo la estela de Thomas Piketty– la creación de un impuesto global sobre la riqueza equivalente al 1,5% de su valor de mercado. Tal diagnóstico y tales propuestas de Oxfam adolecen, sin embargo, de tres problemas fundamentales.

Primero, que la brecha patrimonial entre ricos y pobres se haya ensanchado no significa que la calidad de vida de los pobres se esté estancando o incluso disminuyendo: la calidad de vida depende esencialmente del nivel de renta, no del volumen de activos netos con los que cuenta una persona (máxime si los activos netos de los más pobres del planeta ni siquiera son contabilizados en estas estadísticas). Al contrario, las últimas tres décadas –y 2018 no ha supuesto una excepción– constituyen el período de mayor reducción de la pobreza de la historia de la humanidad. Sólo en los últimos diez años –que en Occidente han coincidido con una fortísima crisis económica–, la tasa de extrema pobreza global se ha reducido desde el 18,1% al 8,6%; la mortalidad infantil ha caído del 5,8% al 3,9%; el analfabetismo ha seguido disminuyendo desde el 11,3% al 8,6%; y la esperanza de vida ha aumentado desde 69,8 a 72,2 años. En contra de la imagen catastrofista que Oxfam pretende transmitir con sus titulares sesgados, el mundo va a mejor y va a mejor especialmente para las personas más desfavorecidas.

Segundo, que un tercio de la riqueza de los más ricos proceda de su herencia no es problemático: si son incapaces de gestionarla de tal modo que continúen generando valor para el consumidor, esta riqueza languidecerá. Sí es mucho más problemático, en cambio, que otro tercio de esa riqueza proceda de favores y corruptelas gubernamentales, pues lo que ello pone de manifiesto es que unos pocos individuos se enriquecen a costa de parasitar al conjunto de la población: no es riqueza derivada de la creación social de valor, sino del expolio social del valor que han generado otros.

Pero, en tercer lugar, la forma de contrarrestar ese tercio de riqueza amasada ilegítimamente por favores políticos no es, como propone Oxfam, mediante un impuesto del 1,5% sobre toda la riqueza, haciendo pagar a justos y pecadores por las faltas de los pecadores. No, la forma de combatir el parasitismo oligárquico es liberalizando la economía y poniendo límites a las intromisiones del Estado sobre la sociedad: si el gobierno no cuenta con la competencia de robar a los ciudadanos para repartir prebendas entre los grupos de presión, entonces ese tercio ilegítimo de riqueza desaparecerá.

En suma, Oxfam transmite una imagen amarillista de cuál es la situación actual del planeta –los más pobres siguen mejorando enormemente– y ni siquiera cuando resalta un problema auténtico –la concentración de riqueza en torno al corporativismo de amiguetes– acierta con la solución –no más impuestos, sino más libertad económica–. Como todos los años, el anticapitalista informe Oxfam apenas nos sirve para volver a explicar el abecé de la economía.

La ruina de Maduro

La resistencia popular contra la tiranía de Maduro tiene explicaciones políticas (el golpe de estado contra la Asamblea Nacional que dio el autócrata bolivariano en 2016, seguido por unas elecciones amañadas y fraudulentas), pero también cuenta con explicaciones económicas: el socialismo bolivariano ha hundido el país tal como se refleja en el hundimiento de su renta per cápita en un 46% desde el año 2013, así como en el estallido de su tasa de pobreza hasta abarcar al 96% de su población. Tan intensa ha sido la pauperización que han vivido los venezolanos bajo el yugo chavista que sólo durante el último año dos millones de personas han buscado refugio en otras partes del continente: el mayor éxodo en la historia de Latinoamérica. No es de extrañar que los venezolanos se rebelen contra tal dictadura.

La solución australiana para el taxi

El conflicto del taxi es, en última instancia, un conflicto sobre las licencias de taxi: aunque se trata de concesiones administrativas que supuestamente no podían revenderse, durante mucho tiempo ha habido una especulación entre taxistas para adquirir el derecho a prestar el servicio de alquiler de vehículos con conductor. En la actualidad, tales licencias no aportan nada de valor a los ciudadanos (únicamente restringen el número de competidores) y deberían ser eliminadas para así proceder a liberalizar este tramo del mercado. El problema está en que, si elimináramos las licencias sin más, aquellos taxistas que la compraron recientemente perderían toda su inversión. En Australia se enfrentaron hace poco a este mismo problema y optaron por liberalizar el mercado a cambio de indemnizar a los taxistas con unas sumas de dinero que en España equivaldrían a entre 10.000 y 50.000 euros por licencia.

Menos competitividad

El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado nuevamente el anteproyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez por varias de las razones que hemos venido denunciando desde esta columna: alta probabilidad de que las previsiones de ingresos estén infladas; creciente ralentización de la economía que dificultará aún más la consecución de los objetivos presupuestarios; situación de alto endeudamiento de las administraciones públicas en un contexto de incertidumbre global; establecimiento de nuevos impuestos que sólo hacen perder competitividad a nuestro tejido empresarial; y subida del salario mínimo que amenaza el empleo de hasta 140.000 trabajadores. En definitiva, unas cuentas muy alejadas de las necesidades de los empresarios y de los trabajadores españoles que, en el fondo, sólo pretenden beneficiar las aspiraciones electorales de Sánchez mediante la compra directa de votos.