Echando números en Cataluña

De un tiempo a esta parte los nacionalistas catalanes han dejado de prometer el nirvana, ese estado de beatitud y prosperidad en las personas que se agregan en la patria liberada, y ahora, por lo que parece, sólo desean votar en un referéndum de independencia negociado con el Estado. Sus argumentos, entonces, dejan de sustentarse sobre aquel lema de la España que nos roba –que otrora hizo fortuna y que ahora, después de que se marcharan miles de empresas y todos los indicadores económicos empezaran a ir de capa caída, no se recuerda– para trasladarse al imaginario democrático-populista en el que todo se resuelve metiendo papeletas en las urnas. Ni que decir tiene que tampoco esta pretensión encaja en los modos formales de la democracia representativa –que es la única que establece los mismos derechos y garantías para todos–. Y entonces viene la queja, el por qué no nos dejan votar –o, como diría el precursor vasco Ibarretxe, el qué hay de malo en ello–, sin apreciar que todo procedimiento democrático debe ajustarse a la ley.

Pero a mí, como economista, me interesa más el nirvana, la felicidad, el bienestar prometido por los nacionalistas. Ya lo dijo hace muchos años Trias Fargas y lo proclamó más tarde Sala i Martín: «Nuestros empresarios verían que sus beneficios serían muy superiores, ... nuestros trabajadores verían que sus salarios serían los más altos de Europa ... y nuestros consumidores verían que su poder adquisitivo podría haber sido un 70 por ciento más elevado que el actual». Todo esto gracias a la independencia. Aunque si echamos los números en serio y sin el engaño de que la República Catalana permanecerá dentro de la Unión Europea, si tenemos en cuenta que la secesión erigirá una frontera con sus costes económicos, entonces surge otra verdad muy distinta. He echado esas cuentas recientemente y su resultado es demoledor: Cataluña puede llegar a perder un tercio de su PIB, con lo que la tasa de paro acabará situándose en torno al 27 por ciento. La renta anual por habitante se reducirá en casi 9.000 euros, retrocediendo a cifras de hace un cuarto de siglo. Y las finanzas públicas se hundirán ante la crisis recaudatoria provocada por la caída de la actividad económica, lo que obligará a la Generalitat a recortar sustancialmente las prestaciones del estado del bienestar.

Son estos números los que convendría discutir con seriedad para que los ciudadanos sepan lo que se están jugando con la independencia. No hagamos como los británicos cuando se lanzaron irreflexivamente hacia su salida de la UE y ahora ven el abismo al que se enfrentan.