Más demagogia con las pensiones

Daniel Lacalle, el fichaje económico de Pablo Casado, es novato en política y además vehemente. El oficio de candidato también se aprende, pero mientras tanto el mínimo traspiés fomenta la demagogia de los adversarios. Lacalle, en el diario «El Economista», intentó explicar los riesgos futuros del sistema de pensiones, pero quizá no fue tan fino como debía. Algo similar le ocurrió hace unos días al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que sí es político, y su ministra, Magdalena Valerio, lo desautorizó sin contemplaciones. Granado, no obstante, sí habló de reducción –incluso supresión– de ciertas pensiones de viudedad. El incidente pasará y el economista del PP aprenderá enseguida las reglas de la política. Lo que no pasarán son las incógnitas sobre el futuro de las pensiones.

Lacalle sí explicó algo que muy pocos quieren escuchar: «Los países que han reducido sus pensiones tenían un problema con sus cuentas públicas». Grecia y Portugal son los ejemplos paradigmáticos. El sistema español de Seguridad Social es deficitario, gasta –paga pensiones– más de lo que ingresa. Eso significa que, ahora, una parte de las pensiones se pagan con deuda pública que el Estado vende sobre todo a inversores internacionales. Es la única fórmula hasta que la mejoría de la actividad económica, del empleo y de las cotizaciones equilibren las cuentas. El sistema de pensiones ya estuvo al borde casi quebrado a principios del siglo XXI. Se salvó gracias a la actividad que generó la burbuja inmobiliaria, que algún efecto positivo tuvo. La economía mundial y europea –también la española– atraviesan un bache. Sin embargo, los aumentos de productividad en Iberoamérica –todo está relacionado– auguran otra época de prosperidad en la próxima década. Eso salvaría las pensiones españolas, siempre y cuando aumenten con moderación. Nadie garantiza, no obstante, esos tiempos felices. Hasta entonces España, para pagar las pensiones, necesitará endeudarse en los mercados, que prestarán mientras confíen que el país les devolverá lo pedido. Para eso es imprescindible que haya unas cuentas públicas saneadas. Si los inversores dudan de España –ocurrió en Grecia y Portugal– serán ellos, o la Unión Europea, quienes impongan condiciones –reducción de pensiones y de más cosas– para facilitar el dinero para que funcione el Estado, incluida sanidad y el salario de los funcionarios. No, el PP no pretende bajar las pensiones. Tampoco el PSOE, ni ningún partido. Sin embargo, algunas políticas alegres/sociales de gasto pueden traer esas consecuencias, como comprobó en sus carnes Zapatero en 2010. Esa es la realidad y la historia no debería repetirse. Todo lo demás, es demagogia y bisoñez política.