Más impuestos sobre las empresas

Una de las diferencias fiscales más significativas entre el Partido Popular y el bloque PSOE-Podemos reside en sus propuestas con respecto al Impuesto sobre Sociedades, esto es, el tributo que abonan las empresas sobre sus beneficios empresariales. Mientras que el Partido Popular ha prometido una intensa rebaja en esta figura impositiva –el gurú económico del PP, Daniel Lacalle, ha llegado a remitirse a un tipo impositivo nominal del 15% para el final de la legislatura–, PSOE y Podemos abogan por aumentar muy sustancialmente este tributo por la vía de incorporar tipos fiscales mínimos a los que toda empresa deberá someterse (es decir, quieren impedir que las compañías no puedan beneficiarse de deducciones o compensar sus bases imponibles negativas hasta que, como poco, hayan abonado un determinado gravamen al fisco).

Pero, ¿por qué razón PSOE y Podemos se muestran tan beligerantes contra los beneficios empresariales cuando éstos son los que en última instancia atraen la inversión y fomentan la generación de empleo? Una sociedad próspera es una sociedad en la que sus empresas ganan dinero y en la que, merced a tales ganancias, optan por acumular más capital y dinamizar la economía. Pero, como decíamos, PSOE y Podemos se rebelan contra ese tipo de sociedad proponiendo una alta fiscalidad sobre el sector privado. ¿Por qué?

En primer lugar, por razones de fondo: tanto el PSOE, como sobre todo Podemos, son partidos que aspiran a un país en el que el Estado cada vez decida más frente a las empresas y a las familias. PSOE y Podemos abrazan el intervencionismo del Gobierno en la economía y, por tanto, buscan deliberadamente debilitar y clientelizar al tejido empresarial: cuanto más endebles y subyugadas al poder político sean las compañías de un país, más fácil lo tendrá el Gobierno para controlarlas y manejarlas a su antojo. Pero ese no es el único motivo por el que ambas formaciones de izquierdas quieren atacar tributariamente las ganancias empresariales: existe una segunda razón, ésta de tipo formal, que les empuja hacia semejante discurso. A saber: que las grandes empresas españolas –paradigmáticamente, el Ibex 35– apenas pagan impuestos y, por tanto, que existen argumentos de equidad impositiva para justificar un redoblamiento tributario.

Sucede que, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, no es verdad que actualmente las ganancias de las grandes empresas estén exentas de tributar. Por un lado, gran parte de los beneficios que obtienen estas compañías los cosechan en el extranjero: y es allí donde consecuentemente tributan. Por otro, un holding empresarial puede haber devengado beneficios en algunos de sus negocios, pero pérdidas en otros, de modo que finalmente tributa por el saldo neto de todos ellos. Si tenemos en cuenta ambas correcciones, el Ibex 35 ya tributa por el Impuesto sobre Sociedades entre el 20% y el 30%.

En suma, no hay ningún tipo de «privilegio» fiscal en España hacia las grandes empresas: quienes propagan tan falaz mensaje sólo están engañando a los ciudadanos para justificar un rejonazo tributario sobre el conjunto de las compañías

–pequeñas, medianas y grandes–, lo que en última instancia sólo redundará en menor inversión, menor productividad, menores salarios y, eso sí, mucho más Estado. El programa económico de la izquierda es inequívoco en este sentido. Nadie debería dudar de que apoyarlo significará un abuso fiscal sobre el tejido empresarial español y, por tanto, un retraimiento de la generación de riqueza dentro del sector privado.

Descentralización laboral

¿Debemos centralizar o descentralizar las relaciones laborales? Es decir, ¿debemos favorecer que se establezca un mismo salario para una pluralidad de trabajadores heterogéneos o, en cambio, debemos facilitar que cada salario se adapte a las circunstancias concretas de cada trabajador? La izquierda, al menos en España, suele promover la primera de estas opciones: subidas del salario mínimo y extensión de la negociación colectiva como vías de determinación de la remuneración. Pero una investigación desarrollada por varios economistas italianos ha descubierto que la centralización de las relaciones laborales contribuye a incrementar la tasa de paro de aquellos empleados menos productivos y, a su vez, a aumentar la desigualdad en las regiones más pobres. Si queremos más prosperidad y menos desigualdad, no hemos de centralizar las relaciones laborales sino liberalizarlas.

La menguante clase media

Las clases medias occidentales han expresado su malestar en las últimas elecciones celebradas en la mayoría de países y en las que el populismo, ya sea de izquierdas o de derechas, ha vivido un evidente auge. ¿A qué responde este malestar? El último informe elaborado por la OCDE apunta a que el estrangulamiento que están experimentando las clases medias occidentales se debe, en primer lugar, a un progresivo desajuste entre las aptitudes de los trabajadores y la formación que proporciona el sistema educativo, lo que dificulta su inserción estable dentro del mercado laboral; y, en segundo lugar, al creciente coste de la vivienda, que obstaculiza el acceso de los más jóvenes a la propiedad inmobiliaria. ¿Qué hacer? Por un lado, liberalizar la educación para que pueda adaptarse a las nuevas necesidades del mercado; por otro, liberalizar la legislación urbanística para que pueda construirse más y abaratar la vivienda.

Privatizar Correos

El último informe de la AIReF advierte de que la empresa pública de Correos es poco eficiente frente a sus alternativas competitivas y que, en consecuencia, acumulará un déficit de 500 millones hasta 2023. Como es obvio, tales pérdidas cienmillonarias serán soportadas por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Por ello, ante tan deficiente y deficitaria realidad, deberíamos abrir urgentemente el debate sobre la conveniencia de privatizar la empresa pública de Correos, esto es, por someterla a la disciplina competitiva del mercado. Si tras su privatización la compañía mejora su funcionamiento interno y es capaz de proporcionar un mejor servicio que sus rivales, medrará; si, en cambio, sigue en su mediocre trayectoria actual y no es capaz de generar valor para sus clientes, tenderá a marchitarse. Pero esas pérdidas ya no las pagaríamos entre todos.