¿Cuáles son los efectos del registro horario?

El registro horario que el Gobierno socialista acaba de imponer a todas las empresas del país se ha aplicado de manera chapucera y caótica, hasta el punto de que la propia ministra de Trabajo tuvo que salir a la palestra para dar a entender que, durante un tiempo, los inspectores del ramo no sancionarían a aquellas compañías que no apliquen rigurosamente la norma. Pero, al margen de las más que certeras críticas que quepa dirigir contra el modo en el que se ha implementado el control de las horas trabajadas, lo cierto es que la medida contiene un fondo que merece ser enjuiciado: a saber, «proteger» a los trabajadores frente a la imposición empresarial de horas extraordinarias no remuneradas (o infrarremuneradas).

El propósito de semejante regulación dizque protectora es doble: por un lado, que el salario de los trabajadores aumente al serles pagadas las horas extraordinarias y, por otro, que si un grupo de trabajadores deja de realizar horas extraordinarias, ese hueco sea llenado por otro grupo de trabajadores, redundando todo ello en un aumento del empleo total. Ésa es, como digo, la lógica de controlar estrictamente las horas de trabajo efectuadas por los obreros. Pero, ¿realmente funciona?

La evidencia con la que contamos parece indicar justo lo contrario: un incremento del coste de las horas extraordinarias (como consecuencia de un mayor control horario que obligue a sobrerremunerarlas) no tiende a incrementar la remuneración total que consiguen los trabajadores, sino que incluso podría terminar rebajándola. Por dos razones.

Primero, un incremento del coste salarial de las horas extraordinarias puede compensarse con una rebaja del salario por hora ordinaria. Por ejemplo, imaginemos una empresa donde la jornada laboral es de 9 horas diarias, todas las cuales son remuneradas a una tarifa ordinaria de 10 euros la hora. En tal caso, el trabajador percibirá un salario diario de 90 euros. Si, debido al registro horario, se obliga a la empresa a pagar las ocho primeras horas con una tarifa ordinaria (10 euros) y la novena hora con una tarifa extraordinaria (verbigracia, 18 euros), la compañía tenderá a rebajar la tarifa ordinaria a 9 euros, aun manteniendo la extraordinaria a 18: en total, el trabajador se seguirá embolsando 90 euros diarios. Mucho ruido para pocas nueces.

Pero, en segundo lugar, el control horario puede generar un efecto todavía más perverso. Imaginemos que el empresario no cuenta con la flexibilidad regulatoria para ajustar a la baja los salarios de las horas ordinarias. ¿Cómo reaccionará en tal caso al incremento del coste de la jornada extraordinaria? Reduciendo el número de horas durante las que da empleo a sus trabajadores. Simplemente, a un salario por hora incrementado, ya no le saldrá a cuenta emplear durante tanto tiempo a los trabajadores. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Que los obreros sufrirán una reducción de su remuneración total (pues, en lugar de trabajar las mismas horas a un mayor sueldo por hora, verán reducida su jornada laboral) y habrán de recurrir al multiempleo para tratar de compensar la merma salarial experimentada. Es decir, habrá un mayor número de personas compitiendo por un menor número de horas de trabajo, lo que terminará abaratando su salario por hora.

En definitiva, el camino al infierno está empedrado de (aparentes) buenas intenciones. En este caso, es terriblemente obvio: una medida que se adoptó con el propósito de aumentar los sueldos y el empleo de los ciudadanos, puede terminar bajando los sueldos y minorando el empleo total.

Deuda pública, en máximos

La deuda pública española vuelve a registrar un nuevo récord histórico: 1,199 billones de euros, más del 98% de nuestro PIB. Llevamos, pues, alrededor de cinco años con un porcentaje de pasivos estatales que, si bien está estabilizado en relación al tamaño de nuestra economía, no deja de crecer en términos absolutos. Los políticos parecen haberse contentado con mantenernos en unos niveles de deuda cercanos al 100% del PIB, lo cual podría parecer razonable si nuestra economía estuviera orientada a crecer persistentemente. Pero, ¿qué sucederá cuando embarranquemos, esto es, cuando el PIB deje de crecer y el déficit se dispare? Pues que la deuda pública explosionará con respecto a unos niveles inquietantemente elevados. Ésa es la tremenda irresponsabilidad de nuestra casta política: despreocuparse por nuestro futuro y condenarnos a pagar una carísima hipoteca.

Los robots crean empleo

¿Están los robots destruyendo los puestos de trabajo dentro de nuestra economía? Según un reciente estudio sobre la industria manufacturera española entre 1990 y 2016, no podemos llegar a semejante conclusión. Las empresas que optaron por robotizarse no sólo lograron incrementar su producción un 25% durante los cuatro años posteriores a la incorporación de los robots, sino que incluso aumentaron –que no redujeron– su empleo en un 10%. Al contrario, las compañías que sí destruyeron empleo fueron aquellas que optaron por no robotizarse, en la medida en que su cuota de mercado se redujo muy significativamente en favor de las que sí automatizaron sus procesos de producción. La lección debería ser muy clara: no podemos escoger no robotizarnos porque, en tal caso, las economías extranjeras que sí lo hagan nos expulsarán del mercado.

Buen programa fiscal

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública española se mantendrá por encima del 92% hasta el año 2025. Se trata de la constatación de un fracaso colectivo: el fracaso de no haber podido contener la explosión de deuda pública durante los peores años de la crisis económica y el fracaso de no haber sido capaces de reducirla apreciablemente durante los años de la recuperación. Otros países como Irlanda sufrieron igualmente un extraordinario incremento de sus pasivos estatales durante la peor etapa de la depresión, pero, una vez reanudaron su crecimiento, redujeron espectacularmente su endeudamiento (a fecha de hoy, prácticamente se hallan dentro de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento). Ocupe quien ocupe La Moncloa a partir de mayo, debería tener como prioridad minorar ese excesivo volumen de pasivos estatales.