En funciones

El órgano de Gobierno del Poder Judicial se encuentra en funciones desde el pasado mes de diciembre como consecuencia de que el Parlamento no ha realizado los nombramientos de sus nuevos miembros. La ley prevé lo siguiente: «Si ninguna de las dos Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.» Esto es, su régimen es el de plenas funciones, salvo el de nombrar nuevo presidente del Órgano, función específicamente excluida por la ley. Yo he sido miembro del CGPJ en un mandato que se prorrogó casi dos años por la misma razón. En aquel momento, el cuestionamiento de la legitimidad del órgano prorrogado para ejercer sus competencias venía desde el ámbito político, más en esta ocasión se están produciendo desde el propio ámbito judicial, en especial desde ciertas asociaciones judiciales. Vaya por delante que es necesario y deseable que el acuerdo parlamentario para la renovación del órgano se produzca cuanto antes, pero estos anhelos no pueden en modo alguno provocar una genérica deslegitimación de la acción del órgano de gobierno, y ello al margen del legítimo derecho a la crítica respecto a determinados acuerdos, pero nunca pretextando la situación interina del CGPJ, puesto que el mismo se encuentra en plenas funciones y está obligado a ejercerlas. La ley que regula el Gobierno de la Nación limita expresamente sus funciones tras la celebración de elecciones, lo cual tiene su lógica al responder los gobiernos de turno a mayorías parlamentarias diferentes, algo que no se debe predicar del CGPJ, puesto que, si bien en la designación de sus miembros pesan y mucho las mayorías parlamentarias, estas no deben trasladarse al concreto funcionamiento del órgano, puesto que ha de ser independiente. Resulta paradójico que desde el propio ámbito judicial se acepte esto sin más. La carrera judicial no puede estar desgobernada durante un año, y las legítimas expectativas de sus miembros a ocupar cargos judiciales no se deben postergar. Admitir lo contrario es aceptar en el CGPJ una permanente presión política que en la realidad no es cierta. No es bueno trasladar a la sociedad esta imagen del CGPJ, produce confusión y una suerte de lógica clientelista en la producción de nombramientos por parte del CGPJ.