El Estado mínimo

Los valores liberales han inspirado los grandes cambios que ha experimentado la humanidad en los dos últimos siglos, de tal modo que es muy difícil concebir la construcción del mundo moderno en lo económico, en lo político y en lo social sin las ideologías liberales. Pero la propia esencia del liberalismo permeada de tolerancia y empatía hacia las transformaciones sociales hace que estas ideologías estén en una constante evolución y adaptación a las necesidades del momento. Algunos han querido encontrar en el liberalismo la defensa del Minarquismo, ideología política que propone que el tamaño e influencia del Estado en una sociedad libre sea mínimo, con un gobierno que se limite a poner los medios necesarios para conservar los derechos individuales y la seguridad de la nación. Por el contrario, el liberalismo del siglo XXI sigue apostando por los grandes ideales y valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, tal cual están plasmados en nuestra Constitución. Nuestro sistema constitucional exige apostar por una administración racional y racionalizada, pero nunca animada por este concepto del Estado mínimo en el que algunos creen y que resulta incompatible con un modelo constitucional que impone obligaciones a los poderes públicos que les determina a actuar de forma permanente en la promoción de los valores constitucionales. Amén de las obligaciones directas impuestas por la mera existencia de un catálogo de derechos fundamentales, los principios rectores de la política social y económica fijan actuaciones de los poderes públicos a través de las administraciones dirigidas por ejemplo a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, políticas orientadas al pleno empleo, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, o el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. No estamos ante slogans o mensajes de los partidos políticos en campaña electoral, aunque algunos pretendan su apropiación, sino con mandatos constitucionales que todos debemos asumir, debiendo crear una administración con un tamaño adecuado para su cumplimiento, eso sí, con un grado de eficiencia tal que no asfixie a unos ciudadanos en beneficio de otros.