Bolivia, a la deriva y sin timonel

Bolivia se encuentra en

una situación extremadamente delicada: sin presidente ni líderes de

las dos cámaras legislativas. Este peligroso vacío de poder es

consecuencia directa de la renuncia forzada del jefe del Estado, Evo

Morales, que llevaba casi 14 años en el poder.

Evo Morales había hecho

historia al convertirse en el primer presidente indígena boliviano

gracias a su victoria en las elecciones celebradas en diciembre de

2005. De origen aimara, y sindicalista de vocación, Evo puso en

marcha una política revolucionaria que transformó el país, dando

voz y plata a un colectivo hasta entonces discriminado por las elites

blancas. Acometió la nacionalización de los recursos derivados del

petróleo y una reforma agraria beneficiosa para los campesinos más

pobres. Fomentó la formación de una Asamblea Constituyente, cuyos

diputados redactaron una Constitución que creó un Estado

Plurinacional, tras ser promulgada en 2009. En materia de política

exterior el ya expresidente se posicionó claramente dentro del eje

bolivariano que entonces agrupaba a los países vecinos de Venezuela

y Ecuador. Fue reelegido en 2009 y nuevamente en 2014.

La Constitución de 2009

sólo permite una reelección por lo que Morales tenía vedada esa

ruta. No obstante, su partido —el Movimiento al Socialismo (MAS)—,

bien situado en las bancadas del Parlamento, maniobró arteramente y

promovió un referéndum vinculante convocado en febrero de 2016 para

que pudiera presentarse de nuevo. El pueblo rechazó la propuesta

gubernamental. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de

Bolivia, citando la Convención Americana de Derechos Humanos,

dictaminó un año después que todos los cargos públicos tenían

garantizado el derecho a volver a ser elegidos. Morales vio despejado

el camino, pero esa interpretación legal sentó muy mal a muchos

bolivianos, que vieron cómo se ignoraba la voluntad popular. Evo se

presentó, por tanto, a los comicios del pasado 20 de octubre, con la

meta de perpetuarse hasta el año 2025. El aire social que se

respiraba estaba cada vez más enrarecido. Eso fue lo que le costó

más caro y terminó por derribarle del pedestal.

Las elecciones

transcurrieron sin mayores problemas. El problema surgió cuando el

Tribunal Supremo Electoral publicó unos recuentos previos que daban

a Morales la victoria pero por menos de 10 puntos porcentuales con

respecto a su principal competidor, Carlos Mesa, lo que obligaba a

una segunda vuelta entre ambos, de acuerdo con las leyes locales.

De pronto, la transmisión

de datos se suspendió de repente, lo que desató la lógica

preocupación de la oposición, temerosa de que se manipularan los

resultados y que estos beneficiaran al candidato del oficialismo.

Cuando volvieron a

ofrecerse las cifras, la diferencia de votos había aumentado

considerablemente. Evo se proclamó ganador. Eso abrió la caja de

Pandora de las protestas populares dirigidas principalmente por el

líder derechista Luis Fernando Camacho, a quien ya apodan el

“Bolsonaro boliviano” por manejar un discurso combativo y

religioso cristiano, similar al que practica el presidente de Brasil.

Este empresario de

familia acomodada, también conocido como “El Macho Camacho” por

su actitud poco feminista, dirige el Comité Cívico Pro Santa Cruz,

una organización oligárquica que agrupa a dos decenas de entidades

empresariales y sociales vertebradoras de la sociedad civil de la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada de Bolivia e

histórico bastión opositor a Morales. Camacho denunció un “fraude

gigantesco” y consiguió movilizar a grupos descontentos de la

población bastante distintos entre sí pero unidos por el mismo

objetivo: al presidente.

La Organización de

Estados Americanos (OEA) elaboró un comunicado donde advertía de

las “irregularidades electorales” detectadas, tras haber

realizado una auditoría internacional para verificar el alcance de

las denuncias. Morales había accedido a la investigación e incluso

aceptó que se repitieran los comicios como solicitó la OEA. Pero ya

era demasiado tarde. En el transcurso de unas horas, el presidente

perdió el apoyo de un aliado clave: la Central Obrera Boliviana

(COB), el principal sindicato del país. Pero mucho más importante

fue el pronunciamiento de los militares. El jefe de las Fuerzas

Armadas, el general Williams Kaliman, le pidió públicamente que

renunciara a su mandato presidencial, “permitiendo la pacificación

y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Más claro que el agua.

La oposición,

concentrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, le tenía muchas

ganas a Morales, y ya favoreció el referéndum revocatorio

vinculante de 2008 que el líder indígena superó sin demasiados

problemas, ratificando así su mandato.

Las preocupantes noticias

procedentes de Bolivia indican que la ingobernabilidad estaba dando

paso a una creciente inseguridad ciudadana, con actos de vandalismo

en las localidades de La Paz y El Alto, y en sus suburbios. La casa

de Morales en la ciudad de Cochabamba fue asaltada y saqueada y éste

tuvo que buscar refugio en la ciudad de Chimoré, en el departamento

de Cochabamba, su principal bastión electoral, para evitar los

excesos de la turba. Luego, temiendo por su integridad física,

solicitó asilo político a México y tomó un avión rumbo a aquel

Estado.

A la renuncia de Morales,

quien calificó los sucesos de “golpe de Estado”, le sucedieron

la de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y la de los dos

máximos representantes del Senado y de la Cámara de Diputados,

Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente, ambos miembros

del partido del Gobierno. También renunciaron numerosos gobernadores

y alcaldes. Eso desencadenó un vacío de poder muy alarmante.

Finalmente, debía asumir las funciones interinas del jefe del Estado

la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez,

cuya principal misión consistirá en convocar unas nuevas elecciones

presidenciales en el plazo máximo de tres meses, permitiendo una

transición pacífica y reglada.

Ahora

es esencial que la Asamblea Legislativa Plurinacional asegure el

funcionamiento institucional del país garantizando un nuevo proceso

electoral libre y transparente. También debería tomar las medidas

precisas para que Bolivia recupere la calma y el orden público pues

la violencia no se ha detenido en un país que parece fracturado en

dos.