Multitud de economistas han estudiado a fondo, para superarlos, problemas esenciales que, en estos momentos, tienen que estar presentes, forzosamente. Tal sucede con los problemas básicos de la Unión Europea, y de qué manera nos puede ayudar, igualmente, con los problemas del mercado laboral y las derivaciones económicas que se generan. Gran importancia tienen los temas del funcionamiento de los mecanismos financieros, y más en estos momentos de crisis económica, sin olvidar el papel fundamental que sigue teniendo el presupuesto y el panorama fiscal derivado de él, y una y otra vez, es preciso aportar más noticias sobre Covid19, por motivos obvios. Respecto a España, es necesario tener en cuenta todo lo relacionado con las decisiones derivadas de los planteamientos gubernamentales, porque es evidente que España nada puede hacer para frenar el Brexit o las reacciones de nacionalismo económico que se evidencian en las ideas básicas económicas de Trump.

Todo esto se ha presentado ya en nuestra historia económica reciente, y hemos visto como lograba superarse.

Pero amanece, con creciente claridad, la tercera gran amenaza, que es precisamente la que daba la impresión de imposibilidad legal. Me refiero a lo de tratar de efectuar un cambio importante en la Constitución. ¿Por qué esa cuestión tiene consecuencias incluso más preocupantes que la de los fallos de las otras dos citadas bases de nuestra prosperidad? El motivo de la diferencia se encuentra en que, el otro elemento del fuerte progreso de nuestra economía se debió al creciente papel que, desde mediados del siglo XX, pasó a tener, de manera creciente, la economía libre de mercado. Esta defensa de la economía libre de mercado fue un fruto de la Escuela de Lausana que mostró su extraordinario papel en el proceso de reconstrucción de Alemania, después de la catástrofe sufrida en la II Guerra Mundial. La política de Erhard logró asumir puntos clave de los mensajes de los economistas de esa escuela, con resultados muy positivos. En España, en el año de 1941, Valentín Andrés Álvarez, en la Revista de Estudios Políticos, dio la primera noticia de por dónde caminaba ese mensaje alemán. A partir de ahí, no debemos ignorar que, como consecuencia de la llegada del gran economista alemán Stackelberg –que llegó huyendo de Hitler–, su mensaje tuvo una especie de confirmación en el curso desarrollado por Eucken en 1947 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo –rodeado de economistas españoles tan significativos como Ullastres, Sardá y Castañeda–. Ese impacto se amplió continuamente. Baste citar el caso del profesor Trías Fargas y lo que se encuentra por la difusión que hizo de la obra de Müller Armack, en 1978. La defensa de la libertad de mercado como base del desarrollo económico pasó a tener, por todo lo dicho, una difusión extraordinaria. Una prueba la tenemos en el avance de las privatizaciones, de manera amplísima, también a lo largo de todas las políticas económicas concretas de la Transición. Y eso es lo que explica que, en la elaboración de nuestra Constitución de 1978, en el artículo 33, se plantease exactamente como una de sus bases económicas, la puesta en marcha de la economía libre de mercado. Esto se encuentra reforzado, además, por el artículo 38 de la misma, en defensa de la propiedad privada, a la que se añade el amparo de la herencia. La fuerza que tiene esta Constitución la justificó el gran administrativista García de Enterría, al sostener el carácter normativo de todos sus artículos, como posteriormente ratificó el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la tercera base de nuestro desarrollo ha pasado a ser la del mantenimiento de una economía libre de mercado. Cuando contemplamos los deseos de piezas esenciales del Gobierno, para mantener al presidente Sánchez en el poder, nos encontramos con que, claramente, buscan eliminar el funcionamiento de una economía libre de mercado. Véanse, por ejemplo, textos del Vicepresidente Iglesias. Por supuesto que a eso se añade el que también se desea la liquidación de la flexibilidad libre del mercado laboral y, por lo que respecta a la economía internacional, tampoco se observa una simpatía hacia el camino que llevaba, en ese aspecto, España hasta 2018. Para cambiar, radicalmente, la estructura económica española, para generar una realidad social y política diferente, no basta una victoria electoral, sino alterar y reformar, sustancialmente, nuestra Carta Magna. Por supuesto, se indica, incluso con claridad, que con tal reforma desaparecería la monarquía y, asimismo, amanecerían muchas posibilidades para el triunfo de separatismos. Mas, fundamentalmente, aparecería un cambio radical socioeconómico, el cual sólo puede basarse en la liquidación de los artículos citados de la Constitución de 1978. Para colmo, eso se plantea con el gobierno actual, ya zarandeado fuertemente por la crisis mundial de una desglobalización creciente y el impacto de la pandemia del covid19. Es preciso que estas cuestiones queden muy claras, y los economistas somos los que, forzosamente, percibimos por dónde se mueven ciertas intolerables amenazas.