El momento de los consejos

Por supuesto que, después del largo confinamiento, y ante la presencia de esta fuerte crisis económica, surgen los consejos. Es curioso observar que el paso de Rajoy a Sánchez comenzó, inmediatamente, a agravar numerosos problemas. Destaquemos el generado por el déficit del Sector Público que, en vez de aliviar el saldo de endeudamiento, en una España situada en el área del euro, se convirtió en un mecanismo de aumento. La garantía de no entorpecer de manera considerable y permanentemente la buena marcha alcanzada en el desarrollo dejó de estar garantizada. Y ese abandono hacía recordar inmediatamente lo sucedido en la crisis económica de 1984, que afectaba al Gobierno de Felipe González, y que fue expuesto, así, precisamente entonces, en la pág. 66 de Cuenta y Razón, julio-diciembre de 1984, por el gran estadístico y economista Julio Alcaide: «El desmedido crecimiento del gasto público no es otra cosa que la debilidad de los gobiernos para frenar las peticiones de la sociedad. El aumento de las prestaciones sociales y la financiación a fondo perdido de las pérdidas de las empresas y sectores en crisis, son la causa inmediata del déficit público. Situación que, si no es atajada, terminará por sumir a la economía española en una postración de efectos imprevisibles».

A ello se añade la amenaza de un cambio en la política laboral –sirviéndose del estado de alarma– lo cual de inmediato alteró las expectativas empresariales, con la consecuencia, por ejemplo, de perturbar extraordinariamente las inversiones procedentes del exterior que, desde 1959, pasaban a constituir un elemento clave del impulso de nuestro PIB. Pero todo eso se agrava por la ruptura del mercado interior, al enlazar el nuevo Gobierno Sánchez –para mantenerse en el poder–, con una política autonómica de planteamientos claramente separatistas, que afecta, de modo creciente, a Cataluña, el País Vasco y Navarra, a más de Baleares, e iniciándose en Valencia. Desde el siglo XVIII se sabe que esto genera inmediatamente disminución de la productividad, y automáticamente pasa a enlazarse con la fractura de nuestra economía. Y cuando ésta sufre las consecuencias de problemas como el Brexit, o los choques de China con los Estados Unidos, los problemas españoles automáticamente crecen, porque choca con proteccionismos nuevos, y no digamos, con lo ocurrido en el área iberoamericana, que mucho ha complicado las inversiones españolas.

La política energética también crea dificultades, al eliminar favorables enlaces con el mercado exterior que, al no existir, generan que España se haya convertido en una «isla energética». Además, por motivos simplemente electorales, se ablanda la producción de energía en las centrales nucleares.

Nada digamos de lo sucedido en la política rural, base importante de nuestro desarrollo económico, a pesar del crecimiento porcentual que en el PIB tienen los servicios y la industria. Recordemos lo sucedido recientemente con decisiones políticas sobre el mundo campesino que imitan lo que, en 1931, en un Gobierno Azaña, pusieron en marcha conjuntamente con Marcelino Domingo y Largo Caballero.

Este impacto negativo en nuestra economía durante el estado de alarma, ya venía condicionado por las jornadas del 13 y 14 de enero de 2018, en las que Sánchez pactó con Iglesias un apoyo parlamentario a cambio de asumir un conjunto populista-separatista, que automáticamente hizo que el nuevo gobierno viese impedida cualquier reforma racional de la política económica. Fue el momento en que parecía referido el PSOE, en aquello que había escrito Keynes en 1929, en un artículo titulado «¿Es esto socialismo?», recogido después en sus «Ensayos de Persuasión» (1921), donde se lee: «¿Por qué tiene que jugar el Gobierno ese papel? ¿Por qué no basta con ofrecer facilidades y estimular a la empresa privada?»

Y, por supuesto, nada se recoge en nuestra política económica de aquello que, agudamente, el profesor Molero señaló como una urgente necesidad: la de poner en marcha una reindustrialización en España, derivada de la necesidad de adecuar nuestra economía al nuevo planteamiento surgido hoy en el terreno de la industria y los servicios, e incluso en la agricultura.

Tampoco se ha iniciado, a largo plazo, una política de reacción contra nuestra peligrosísima realidad demográfica. Y, además de todo esto, se encuentra el angustioso problema expuesto semanalmente en «The Economist», al presentar el dato de la magnitud del desempleo en España, que coloca a nuestra nación –en un conjunto de 42 países–, en el de mayor porcentaje de paro, salvo, en ocasiones, Sudáfrica y Turquía.

Muchos efectos de la pandemia se hubiesen podido evitar. El documento del Banco de España, titulado Informe de Estabilidad Financiera, fechado en la primavera de 2020 –que puedo asegurar que se concluyó antes de marzo–, indica que algo que avanzaba peligrosamente desde China a Italia exigía «una respuesta de las autoridades económicas, contundente, rápida y coordinada, que resulta crucial para mitigar los efectos de la crisis y evitar que sean duraderos en el tiempo» ¿Se hizo caso de este urgente mensaje?

Los caminos que se deberían seguir estaban claros. El Gobierno Sánchez-Iglesias, desde su inicio, los abandonó. La pandemia y el consecuente confinamiento se han convertido en otro factor más de incremento de la actual y colosal crisis.