No es la lengua, es la cultura española

Si hay algo a lo que el nacionalismo vasco nunca renunciará, pase lo que pase, es al concierto económico, el que le permite unas ventajas fiscales y hacienda propia. Según Jordi Pujol, en Cataluña, si a algo no se puede renunciar, es a la lengua catalana, no porque esté en peligro su implantación y uso, sino porque no se debe permitir que el castellano comparta siquiera el papel institucional que le correspondería: sólo es una lengua invasora. Ese es el hecho diferencial. Hay dos ámbitos en los que no puede retroceder en nada, verdaderos pilares sobre los que se asienta el proyecto nacionalista. Por un lado, en los medios de comunicación públicos, con el mascarón sectario de TV3, donde el catalán es la única lengua y, por otro, en la educación y, sobre todo, en la llamada «inmersión lingüística». El catalán no tiene más peligro que el que el propio nacionalismo le ocasiona al convertirse en el medio de expresión del poder, utilizando siempre la lengua como arma excluyente. Sin embargo, paradójicamente, su uso en las instituciones públicas es total, absoluto y abusivo. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué ERC ha conseguido imponer en la tramitación de la Ley Celaá que el castellano deje de ser lengua vehicular, no sólo en Cataluña, sino en el resto de comunidades que compartan dos lenguas oficiales. Y, lo que es todavía más grave, por qué el PSOE ha aceptado que esa sea la condición para que los independentistas aprueben los presupuestos. Se produce, además, en un momento en el que el propio PSC había pedido «flexibilizar» la inmersión lingüística ante la constatación –informe PISA incluido– de que con dos horas a la semana de lengua castellana hay alumnos, fundamentalmente catalanohablantes, que tienen problemas para expresarse y escaso manejo de léxico... O precisamente por la confirmación de que ha sido un fracaso y que hay que seguir, forzando por lo tanto la doctrina integrista del manifiesto del Grupo Koiné que aboga por el catalán como única lengua oficial bajo el convencimiento de que «el régimen constitucional del 1978 ha reafirmado la continuidad de la imposición politicojurídica del castellano en Cataluña». No es extraño que Pablo Iglesias esté detrás de este acuerdo. Ante las críticas desde las propias filas socialistas, el Ministerio de Educación matiza que «compensará las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas», algo que hay que poner en duda ya que hay una sentencia de TSJC que obliga a un 25% el uso lectivo del español, sin cumplirse. Lo que los socios de Pedro Sánchez quieren borrar no es tanto el castellano de Cataluña –una quimera etnicista–, como seguir esa funesta operación de limpieza, de «desespañolización», de su cultura, literatura, historia. Un grupo de históricos militantes del PSOE han lanzado un manifiesto denunciando el último atropello del sanchismo. Es necesario que más socialistas decentes tomen la palabra.