Derecho a la educación

Los menores tienen derecho a la educación: es decir, tienen derecho a que se les provea educación. ¿Y frente a quiénes poseen semejante derecho? No frente al Estado o frente a la sociedad, sino frente a sus tutores legales (generalmente, sus padres). A la postre, los tutores legales son quienes han decidido por propia voluntad convertirse en los encargados de conducir al menor hasta la madurez, momento en el que devendrá una persona adulta responsable de sus actuaciones dentro de la sociedad. El tutor, pues, es quien se ha obligado a proporcionarle alimento, cobijo, cuidados y también educación al menor. Ahora bien, el tutor legal cuenta con el derecho a determinar el contenido concreto de esas obligaciones siempre atendiendo a lo que él considera interés superior del menor: es decir, el tutor es quien debe determinar qué tipo específico de alimentos, de cobijo, de cuidados o de educación van a recibir los menores. No porque los menores sean de su propiedad —que no lo son— sino porque como tutores han de contar con un amplio margen de discrecionalidad para desarrollar aquellas acciones que consideren más apropiadas para el bienestar del menor. La sociedad, a través del Estado, debería interferir tan poco como sea posible en estas relaciones tutor-pupilo: sólo en casos en los que el tutor tomara decisiones abiertamente contrarias al interés del menor (envenenamiento, malnutrición, analfabetismo, adoctrinamiento en valores contrarios a los derechos humanos más elementales, etc.) cabría entrometerse en ese mal ejercicio de la patria potestad para proteger al menor. Nuestra sociedad, sin embargo, ha optado por una interferencia amplia y profunda contra el ejercicio de la patria potestad de los tutores legales en el ámbito educativo. El Estado no tolera que sean los tutores legales de los menores quienes escojan su educación hijo y por eso planifica con celo el sistema nacional de enseñanza. El currículo académico o los planes de estudio son objeto de minucioso diseño y control por parte de nuestros burócratas en lugar de dotar de autonomía a cada escuela para que conforme su propio contenido formativo y que, ulteriormente, sean los tutores legales quienes escojan entre el extenso abanico de ofertas de enseñanza plurales y heterogéneas. La razón es simple: nuestros políticos aspiran a adoctrinar a los futuros ciudadanos. Les va en ello la permanencia en el poder.