El cuarto poder constitucional

Uno que nació en fechas liminares al primer Frente Popular y que tiene memorias de su triste rastro en años posteriores, no ve con deliquio su reciente rebrote. De ahí a opinar que el segundo Frente Popular, felizmente reinante, vaya a tener las mismas cruentas consecuencias, va un largo trecho.  Esto no tendría un pase por el gálibo de nuestra pertenencia a la OTAN, una barrera infranqueable para cualquier conato de intervención de una potencia extranjera. Tampoco lo tendrían las derivadas de nuestra participación en la Unión Europea: custodia de unos valores incompatibles con los del Frente; freno de cualquier veleidad en materia de dineros; pósito de leyes que tienen preminencia sobre las nuestras y armazón de una justicia que prima sobre la nacional. Otro tanto ocurre con nuestra membresía en el Consejo de Europa y su inapelable tribunal en materia de Derechos Humanos.

Dicho esto, hay, sin embargo, que reconocer que al socaire del presente Frente Popular anida un proceso proto revolucionario de guante blanco. Germina con las leyes de memoria histórica que semblan destinadas al olvido de nuestra historia real por aquello de que quien olvida su pasado, está condenado a repetirlo. A esto parece que se aspira. A volver a la breña de las dos Españas arrumbando en el baúl de los recuerdos su desgarrador desenlace. Con proyectos como los de la eutanasia o el aborto, verdaderas lanzadas al corazón de los valores de la otra España.  Con leyes, como las integrales de género, que terminan sustituyendo la lucha de clases de la revolución del 17 por la de sexos en una España bifronte. Con la laminación económica de la clase media y la creciente intervención centralizada en la economía de mercado. Pero sobre todo, con la deconstrucción del feble sistema de separación de poderes por el protervo minotauro de un ejecutivo de omnímodo poder.

La verdad es que tal sistema en España es prácticamente un canto al viento. Quien se hace, por las duras o las maduras, con las riendas del partido político dominante se encarama al machito del poder en España: elige a los miembros del legislativo que, por mayoría absoluta, propia o coaligada, nombra al ejecutivo que, paralelamente, y de forma más o menos oblicua, designa al poder judicial. Y, como bien decía el presidente Hamilton, quien se hace con la facultad de realizar los nombramientos en los tres poderes funde a estos en uno solo conducente a la tiranía.

Al carecer del sistema efectivo de pesos y contrapesos del modelo americano, los regímenes parlamentarios otorgan poderes de arbitrio y moderación al rey o presidente, según los casos. Estos pueden llegar a ser de tal relieve que han merecido el nombre del cuarto poder. En España hay algo parecido. Las fuerzas armadas tienen una misión garantizadora y de defensa de su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Que ¿qué tiene que ver esto con el Rey? Pues, como es sabido, el monarca es el militar de más alta graduación. Cierto que carece de mando en plaza. Pero no lo es menos, que cuando los ominosos acontecimientos del 23 de febrero se caló, sin refrendo alguno, su uniforme de capitán general y lideró la defensa de dicho ordenamiento. Se trata de un precedente que funcionó adecuadamente y que no ha sido criticado o invalidado en momento alguno. Al contrario.

Mas el Rey tiene otros poderes constitucionales: arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Pero en este apartado el monarca se encuentra en lo que se ha denominado el averno del líder: tiene unas responsabilidades pero sin las correspondientes posibilidades. Sin poderes para ejercerlas. Autoritas sine potestas. Y es más, las que pudiera tener, han quedado mermadas por el ninguneo al que se ha visto recientemente sometido por el ejecutivo. Por una intervención comparable a la que han sufrido los otros poderes de un ejecutivo que se expande sin contención aparente. Se encuentra el Rey, en la situación del árbitro arbitrado. Del moderador moderado.

Se echa de menos una ley que desarrolle esta doble misión real. Al menos que se tome en consideración por algún partido que incorpore una propuesta en este sentido a su futuro programa electoral. Se trata de que, cuando se requiera la defensa de aquel ordenamiento constitucional no tenga el Rey que desempolvar el bastón de capitán general. Que simplemente se le reconozca la capacidad plena de arbitrar y moderar. Pero esto no es solo cuestión de zanahoria. Se requiere poder esgrimir igualmente un palo que tenga las hechuras de tal bastón.

En circunstancias como las actuales en las que estamos ante la triple pandemia: sanitaria y económica que posiblemente desemboque en una social —que ya se ve venir— de impredecibles consecuencias; en que las fórmulas que está utilizando el Gobierno de la Nación para hacerle frente parecen llevar la deriva autoritaria de algunos países hermanos del continente americano, el Rey debería tener la potestad de convocar a los partidos del Gobierno y de la Oposición. De exigirles la constitución de un gobierno de salvación nacional so pena de proceder, con la ayuda de un Consejo Real de nueva planta, a una consulta electoral.