El gran acuerdo nacional

El pasado lunes, los Reyes de España hicieron una visita clandestina a Barcelona para entregar el premio Cervantes al poeta Joan Margarit. Zarzuela «vistió» el evento con los ropajes de un acto privado. Pero un acto privado no suele realizarse en la residencia oficial de los Reyes en Barcelona –el Palacete Albéniz–, ni sus majestades tienen la compañía de un ministro de jornada, ni se hacen públicas fotografías de tal acto, ni se informa de que ha finalizado cuando los Reyes ya están de vuelta en Madrid sin haber dado cuenta de ello a las autoridades del lugar.

La semana terminó con Felipe VI marcando distancias con su padre al establecer que los principios morales y éticos están por encima de consideraciones familiares, en un mensaje fácil de entender salvo para quienes esperasen la abdicación del Rey en Nochebuena. Pero había empezado mal para la Corona, porque no se puede generar la sensación de que el jefe del Estado se esconde en determinadas partes del territorio nacional. Y no era la primera vez. En septiembre, el Gobierno no permitió que don Felipe asistiera en Barcelona a la entrega de despachos a los nuevos jueces, como hace todos los años.

Al tiempo que los Reyes pasaban su mañana furtiva en Cataluña, el sondeo del CIS mostraba que la monarquía es una preocupación para el 0,3% de los españoles. Se podrá considerar –con razón– que el crédito del CIS es limitado. Pero en esos mismos días, el barómetro de LaSexta reflejaba un apoyo a la monarquía del 54,3%, frente al 30,3% que prefiere la república. Y aún más destacado es otro titular: el apoyo a la monarquía ha subido veinte puntos desde el sondeo de septiembre, mientras que el apoyo a la república ha caído un 13,5%. Es decir, en medio de la controversia provocada por determinadas actuaciones indefendibles de Juan Carlos I y cuando más intensa ha sido la campaña de los partidos republicanos contra Felipe VI, más defensores le han salido al Rey. Ya nos explicó Newton que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B –llamada acción–, ese cuerpo B ejerce otra fuerza de igual magnitud –llamada reacción– en sentido contrario. En otras palabras, si tiras muy fuerte de tu lado de la cuerda, no puedes pretender que quienes agarran la cuerda en el lado contrario no vayan a defenderse haciendo lo mismo que tú.

Y eso ocurre en un país en el que es difícil encontrar una gran cantidad de monárquicos ideológicos puros. Lo que sí hay en España es una enorme masa de partidarios de la Constitución y, por tanto, de ciudadanos valedores del acuerdo que alcanzaron con mucho esfuerzo los españoles de un lado y de otro en la Transición. Ese 54,3% de ciudadanos que apoya a la Corona (más que a otras instituciones, por cierto) está formado, en realidad, por defensores del modelo de Estado que se pactó en la Constitución –la monarquía parlamentaria en una democracia liberal y europea– y no tanto por amantes del oropel que acompaña a la monarquía. Amparan a Felipe VI como símbolo de aquel pacto, frente a quienes aspiran, precisamente, a demoler ese acuerdo.

Proponer que España sea una república es legítimo y democrático. Lo es, incluso, cuando el modelo de república que se nos ofrece es más bolivariano que francés, italiano o alemán. Pero para que ese cambio se ejecute tienen que cuadrar los números. Y quienes nos han animado a debatir sobre la república durante la cena de Nochebuena no tienen tales números, de momento: solo el 20% de los escaños del Congreso pertenece a partidos que propongan abiertamente cambiar el modelo de Estado. No hay masa crítica suficiente para voltear la España constitucional surgida en 1978.

Aun así, no ayuda mucho a la monarquía que los apoyos más intensos los reciba, únicamente, de los partidos situados a la derecha del PSOE. Una mayor transversalidad sería muy conveniente. Pero, siguiendo ese mismo criterio, la tercera república tendrá pocas opciones de éxito si solo la defienden fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE, o partidarios de trocear España, o convocantes de referéndums ilegales o sucesores de organizaciones terroristas.

Para dar por terminado el pacto de la Transición, quienes proponen el cambio deberán conseguir el mismo grado de consenso que se alcanzó en 1978 para alumbrar la España constitucional. Y en los albores de 2021 tal cosa no existe. Un gran acuerdo nacional solo puede ser sustituido por otro gran acuerdo nacional. Lo contrario sería la imposición de una parte sobre las demás. Y, precisamente para evitar imposiciones y privilegiar los consensos amplios, las Cortes Constituyentes protegieron de forma especial el modelo de Estado con exigencias más estrictas para su reforma. Así, solo una amplia mayoría de españoles podrá cambiar lo que otra amplia mayoría de españoles decidió democráticamente.