La maquinaria empezó a funcionar apenas conocido el resultado de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Pedro Sánchez había conseguido el éxito de multiplicar los votos del PSOE desde los raquíticos 84 escaños con los que gobernaba desde la exitosa moción de censura presentada once meses antes, a los más floridos –pero aún insuficientes– 123 que acababa de alcanzar en las urnas. Aquel ascenso vertical provocó inmediatos sueños de grandeza en los despachos de Moncloa. ¿Qué ocurriría si se repitieran las elecciones unos meses más tarde? «Si las repetimos nos disparamos, presidente», le dijeron a Sánchez sus augures.

La ejecución de tal fantasía quedó pospuesta hasta que pasaran las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo de 2019. Pero, a partir de ahí, ya no hubo freno. La pausa veraniega llevó a los alquimistas de Moncloa a buscar oro electoral donde, en realidad, no había metal precioso alguno. Pero la alquimia no se detuvo, y los nigromantes invocaron a los espíritus en la convicción de que los españoles darían por fin al líder lo que el líder pretendía que le dieran: una mayoría suficiente para seguir gobernando en solitario. Quería que el PSOE tuviera 150 diputados, en el convencimiento de que con esa fuerza parlamentaria ningún otro partido de la izquierda podría forzar su entrada en el gobierno y ningún partido de la derecha podría cuestionar la legitimidad del presidente ni conformar una mayoría alternativa.

El aparataje se puso en marcha con diligencia. Primero, los «spin doctors» lanzaron a los medios de comunicación afectos la idea de que ese número cabalístico de 150 era una realidad inevitable y fuera de cuestión. Y cuando la especie se había extendido lo suficiente en el ambiente político y periodístico, se puso en marcha el siguiente capítulo del plan: a pocos días de las elecciones de noviembre de 2019, el CIS irrumpió en la campaña con la profecía de que el PSOE podía desbocarse desde sus 123 escaños de abril a los entre 133 y 150 diputados. Pero el resultado de las urnas no siguió los designios establecidos por el CIS: el Partido Socialista perdió tres escaños y se quedó con 120 diputados. Como escribió Lope de Vega, «en horas veinticuatro pasaron de las musas al teatro». En realidad, fue en horas cuarenta y ocho: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron el pacto de coalición dos días después de contar los votos.

Antes de las elecciones catalanas de febrero, el CIS trató de apuntalar el pretendido «efecto Illa» con un par de sondeos –alguno de ellos extemporáneo, porque no estaba previsto– asegurando que el independentismo no llegaría ni de lejos al 50% de los votos. La suma de partidos independentistas alcanzó en las urnas el 50,85% y amplió su mayoría absoluta.

El último sondeo del CIS augura un empate entre los bloques de izquierda y derecha en la Comunidad de Madrid. Ninguna otra encuesta prevé ese resultado. El 4 de mayo sabremos cuál de ellas se acerca más a la realidad de lo que voten los madrileños. Pero en esta ocasión, muchos expertos en materia de sondeos han ido más allá de la crítica a la forma de cocinar de los chefs del CIS, al desacreditar incluso el método para asignar escaños, que es una simple fórmula matemática no opinable.

Estos ejemplos no pueden servir necesariamente como modelo infalible de que el CIS siempre se equivoca, porque no es así. Pero sí provocan la sospecha de la utilización espuria, y por tanto ilegítima, de un organismo del Estado sostenido con dinero del contribuyente, que sirve como herramienta para generar debate político a propósito de hechos cuya certeza es muy discutible. Es inevitable la duda de si quienes hacen el sondeo del CIS quieren reflejar la realidad política electoral del momento o si lo que intentan es, precisamente, condicionar con su sondeo la realidad política electoral de ese momento concreto.

La pregunta es simple: ¿para qué sirve el CIS? En el caso de que sus encuestas electorales fuesen infalibles y se vieran confirmadas invariablemente por los sucesivos resultados de las urnas, la utilizad del CIS sería nula, porque ningún ciudadano necesita que un organismo público le diga por adelantado lo que va a pasar al cabo de unos días en las elecciones. Para saber lo que opinan los españoles ya están las urnas. Si, por el contrario, las encuestas electorales del CIS tienden a equivocarse, su utilidad es igualmente nula: ¿cuál sería entonces su beneficio?

Que acierte o se equivoque una empresa privada de sondeos resulta indiferente para el país y no supone gasto alguno con el dinero de todos. Que acierte o se equivoque el CIS resulta igual de indiferente, pero sí nos cuesta dinero y con la sospecha de que solo se utilice para hacer malabares políticos desde el poder.