Joaquín Leguina: “El PSOE podrá recuperar su identidad pero sin Sánchez”

Las primarias andaluzas marcarán la futura línea política del PSOE en aquella región, y si gana Espadas reforzará algo a Sánchez. Pero el futuro político de este último no cambiará por esa causa. Los dos próximos años los piensa asegurar con los indultos en favor de los separatistas declarados sediciosos y malversadores por el Tribunal Supremo. Pero los votos de ERC en el Congreso también tendrán su precio, porque los separatistas no dan nunca puntada sin hilo.

Pero desde el punto de vista político y electoral es improbable que ese «generoso perdón» le salga gratis a Sánchez pues, a juzgar por las encuestas, el porcentaje de españoles que están en contra de los indultos es altísimo. Por otro lado, no está nada claro que la élite política separatista sea capaz de cambiar de objetivos (referéndum y separación de la España que les «roba»).

Si las cosas no cambian en la acción de Gobierno y no se produce una pérdida total de memoria en el electorado (desmemoria en la que creen a pies juntillas los ivanes redondos), lo más probable es que Sánchez y los podemitas salgan chamuscados y con el rabo entre las piernas tras las próximas elecciones generales.

Y si eso es así habrá llegado el momento no sólo de recuperar al PSOE sino también de consensuar en el área constitucionalista una serie de leyes y de políticas que saquen a España del marasmo adonde la han llevado sus enemigos, es decir, los separatistas y los podemitas. Un PSOE que si no es capaz de retornar a la socialdemocracia se irá por la alcantarilla junto a su líder derrotado.

¿Qué leyes?

Para empezar, una Ley de Partidos. La situación actual tiene su origen en la Ley Orgánica de Partidos (LO 54/1978) y lo más llamativo de ella es que, a pesar de sus reformas, se limita a enumerar criterios generales que a nada comprometen. Un partido español tiene menos obligaciones de control y transparencia de sus cuentas y funcionamiento que una comunidad de vecinos. Por eso la situación española está pidiendo a gritos una ley de partidos que garantice la realización de congresos al menos cada dos años; la eficacia de los comités federales, limitando su dimensión a no más de 150 miembros elegidos directamente por los afiliados, y garantizando sus reuniones al menos cada seis meses.

En segundo lugar, una nueva Ley Electoral. Es necesario acabar con las ventajas que en las elecciones generales se da a los partidos nacionalistas, que concentran sus votos en pocas provincias y de esa forma consiguen que esos votos estén sobrerrepresentados en el Congreso de los Diputados.

Este ventajismo es fácil de eliminar mediante un sistema electoral como el siguiente: 300 diputados se elegirían en listas nacionales, con un mínimo del 6% de los votos emitidos para quedar elegido en esa lista, y los 50 restantes se elegirían mediante el sistema actual.

Tampoco vendría mal una Ley de Función Pública, cuyos puntos básicos deberían ser, a mi juicio, los siguientes:

- Los puestos hasta el nivel de subsecretario (incluido este) serán cubiertos por funcionarios, seleccionados mediante concursos (según «mérito y capacidad», como dice la Constitución).

- El número de asesores y otros cargos de libre designación se deberá reducir drásticamente.

- Los concursos o subastas de obras o servicios nunca los resolverían los cargos políticos, sino comisiones formadas por funcionarios expertos en las obras o servicios a los que se concurse.

Finalmente, una reforma a fondo del Título VIII es también necesaria. Este título es el que regula en nuestra Constitución el sistema autonómico, incluidos ayuntamientos y diputaciones, y su redacción es confusa. Hay normas en ese texto que los nacionalistas han ignorado o despreciado olímpicamente. Por ejemplo, en el artículo 149, que señala las competencias exclusivas del Estado, entre las que están (3ª) las relaciones internacionales (¿qué pintan las embajadas catalanas?), o (6ª) las competencias penitenciarias.

Este Título VIII, es, en fin, un texto confuso que no asegura la colaboración entre las distintas autonomías y menos aún el control sobre ellas por parte del Gobierno. También se debería poner fin a los disparates lingüísticos que se vienen cometiendo en el País Vasco y, sobre todo, en Cataluña, Valencia y Baleares.