De Pinochet a los mapuches

Chile activó el pasado domingo el proceso político para redactar una nueva Constitución que reemplace la aprobada por Augusto Pinochet, el dictador que gobernó el país desde 1973 a 1990. El estallido social que sacudió Chile a finales de 2019 y principios de 2020 pudo acabar con el Gobierno conservador de Sebastián Piñera, pero finalmente esa ira se redirigió hacia un proceso constituyente. Pedían corregir el pecado original. «Despinochetizar» la Constitución. El dictador reconoció las libertades fundamentales, pero declaró un estado de emergencia que las suspendió en la práctica hasta sus últimos días. Trajo a los «Chicago Boys» para favorecer las leyes del mercado y crear una de las economías más competitivas del continente latinoamericano. La excepción del cono sur. Desde la década de los 90, el país ha crecido rápidamente, las tasas de pobreza se han atajado y la política se ha mantenido relativamente estable. Pero durante la última década la clase media chilena ha percibido que su poder adquisitivo se iba reduciendo sin que pudiera hacer nada por evitarlo. ¿Por qué? Los padres de la Constitución otorgaron un papel predominante del sector privado en la sociedad, incluso en la prestación de servicios públicos como la educación, la sanidad o las pensiones. El chileno de a pie ha percibido una sanidad a dos niveles. Los mejores tratamientos están reservados para las clases más pudientes. Lo mismo ocurre con la educación o con las pensiones. Convive un sistema público (INP) con uno privado (AFP). Desde 1980, se opta generalmente por el privado pero no todos reciben la cantidad que esperaban en su jubilación. Una buena parte de los chilenos suspira por un Estado del Bienestar al estilo europeo. Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD), sostiene que «el movimiento que dio origen a la Convención Constitucional tiene que ver con demandas sociales muy profundas en materia de pensiones, vivienda y salud. Lo que sintoniza con una mejor cobertura, una mejor garantía y una mejor calidad. Piden una mayor protección de las personas por parte del Estado».

Hasta aquí todos de acuerdo. Cruzada esta línea surgen los interrogantes y las amenazas sobre un país que sigue siendo la envidia de América Latina. La Convención Constitucional va a estar presidida por Elisa Loncón, «mujer y mapuche», como ella misma se definió. Loncón es académica, doctora en Lingüística y profesora de inglés. Pese a las fallas del sistema universitario chileno, la nueva presidenta de la Convención ha podido estudiar en las mejores universidades nacionales y extranjeras (Canadá, Bélgica o México). Una prueba de que el sistema educativo premia el talento. Esto es una fortaleza que no debería desaparecer en el nuevo texto. Loncón, como representante de los mapuches (la étnia indígena mayoritaria en Chile), exige el reconocimiento de un Estado plurinacional. Los pueblos originarios no están reconocidos en la actual Carta Magna. Para Müller es una de las principales demandas de los indígenas y el desafío está en que las minorías se unan para lograr una mayoría de consenso. Los problemas surgen en la reivindicación de nuevos derechos sociales como el acceso a la vivienda. Una causa muy honorable que alguien debe costear. ¿Puede el contribuyente pagar por este derecho? Para el director del Centro de Políticas Públicas de UDD, se trata más de dar garantías a la clase media de un acceso a una vivienda digna. Con todo, las demandas sociales suponen más gasto público que debería controlarse a través de las reglas que garanticen la estabilidad fiscal. Müeller reconoce el abismo entre lo escrito y lo percibido. «La consagración de los derechos es fácil. Hacerlos realidad a través de la capacidad de desarrollo, de crecimiento ha sido el límite de lo que está escrito en cada una de las constituciones. Basta mirar la Carta Magna de Venezuela, Bolivia y Ecuador y ver la realidad en la que viven esos países».

Desestabilización

La Convención Constitucional tiene ahora un año para definir la nueva arquitectura institucional que después debe ser sometida a referéndum. El organismo compuesto por 155 miembros, 77 mujeres y 78 hombres, tiene la obligación de redactar una Constitución que conecte con el conjunto de la sociedad. Debe apostar por ensanchar los consensos y evitar que sea percibida como la obra de una sola parte. Si falla, lo hará en su tarea más elemental, que es la de procurar una estabilidad que dure décadas.

No es una labor fácil y el contexto político no va a ayudar. En noviembre, se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias. La clase política chilena está desacreditada. Un 2% de los ciudadanos dice confiar en los partidos políticos. Una anomalía que debe enmendarse mediante el buen liderazgo. En estos momentos, los candidatos mejor situados en la carrera son el socialdemócrata Joaquín Lavín y el comunista Daniel Jadue. «Lavín ha transitado desde el centro derecha a la socialdemocracia tratando de tener un arco mucho mayor que le permita derrotar al candidato comunista», sostiene Müeller. Jaude, sin embargo, siente que sopla el viento a favor. Ha hecho bandera de muchas peticiones de la izquierda radical que se escucharon en las calles de Chile y se debatirán en la Convención. También juega a favor suyo la desmovilización del centro derecha. Este electorado ve con preocupación el salto a un nuevo orden constitucional y teme una desestabilización crónica del país al estilo de otros países de su entorno. Va a ser un año apasionante. Puede construirse un futuro mejor, pero también existe el riesgo de perder todo lo bueno que se ha conseguido. Que es mucho.