La deslealtad, premiada

El Estado autonómico nació con la Constitución, como un intento de integrar los hechos diferenciales recogidos por la Segunda República mediante Estatutos de autonomía para País Vasco, Cataluña y en trámite para Galicia. Se pretendió que, mediante un Estado descentralizado en 17 Comunidades –a las que se añadieron después Ceuta y Melilla–, se reconociera la diversidad territorial de España dentro de la «indisoluble unidad de la Nación española» establecido en fundamento de la Constitución en su artículo 2º. Había dos vías para acceder a la autonomía: la del artículo 143 y la del 151; conocidas respectivamente como «vía lenta» y «rápida». Esta última se reservaba para las tres homologadas en la etapa de la República, a las que se añadió Andalucía con el referéndum promovido en febrero de 1978.

El objetivo último era pretender un Estado unitario pero descentralizado política y territorialmente sin privilegios para nadie, y donde cada Comunidad pudiera llegar a alcanzar el nivel de autonomía más adecuado a su realidad, con el límite del artículo 149 CE, que establece las competencias exclusivas del Estado.

En la perspectiva de los más de 40 años transcurridos, y ante la anunciada para hoy presunta «Conferencia de Presidentes», el balance queda empañado por la situación de Cataluña. Lejos de integrar su hecho diferencial en la unidad nacional de España por medio de la autonomía, ahora su deslealtad histórica al Pacto Constitucional es premiada por Sánchez convirtiendo a sus partidos y dirigentes en socios políticos de su Gobierno. La deslealtad, premiada.